1.700 niños están en riesgo en Marinilla porque aún no comienza la atención del ICBF

Marinilla, Antioquia

A pesar de que el pasado lunes 24 de febrero estaba previsto el inicio de la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Marinilla, los Centros de Desarrollo Infantil aún no han retomado sus actividades debido a que las agentes educativas no han sido contratadas.

Esta situación perjudica a 1.700 niños que siguen sin acceso a atención en salud, nutrición, formación y acompañamiento, además de dejar sin empleo a 160 trabajadoras del sector.

El presidente del Concejo de Marinilla, Miguel Ángel Bedoya, lamentó que cada año se presenten estos retrasos, afectando tanto a los niños como a las educadoras: “Cinco mil quinientas ochenta personas se ven beneficiadas del programa de la primera infancia y de los actos de salud infantil. ¿Cómo es posible que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar todos los años se retrasa? Todos y cada uno de los años se retrasa los inicios de los programas educativos en materia infantil en nuestro municipio. ¿Acaso es que no tenemos claro la importancia, la relevancia que tiene para nosotros la primera infancia?”.

Desde el concejo del municipio rechazaron la normalización de los retrasos en la contratación pública, especialmente cuando afectan la seguridad alimentaria y educativa de los niños, así como la estabilidad laboral de las educadoras.

Por ahora, sigue en vilo la contratación del personal educativo para garantizar la atención integral en los 10 CDI de Marinilla, que tiene paralizados programas como la modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH), que atendería a más de 548 niños, niñas, madres gestantes y lactantes en 24 veredas del municipio.

Retrasos del ICBF

Este preocupante panorama no es exclusivo de Marinilla, en la subregión del Oriente de Antioquia, el único municipio que ha iniciado la contratación es El Santuario.

Sin embargo, municipios como Rionegro han denunciado reiterativamente la falta de recursos para operar; que, en su caso, afecta a más de 2.700 niños y niñas y más de 300 agentes educativas que no han podido lograr una solución efectiva a nivel nacional.