Víctimas de falsos positivos en Antioquia celebraron imputación de la JEP a militares
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los altos mandos lideraron una política ilegal de “conteo de cuerpos”.
La JEP imputó a cuatro generales retirados, 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional por falsos positivos. Foto: Cortesía.
A propósito de la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a cuatro generales retirados, 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional por su responsabilidad en la ejecución de 442 casos de ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007, Jahson Andrey Taborda, abogado de Forjando Futuros, entidad que representa a cerca de cien víctimas de falsos positivos en Antioquia celebró la decisión y pide las sanciones correspondientes a los implicados.
El abogado Taborda resaltó la importancia de que se reconociera que las víctimas también fueron torturadas, tal y como lo habían denunciado las familias desde hace varios años.
“Las víctimas en reiteradas ocasiones le habían manifestado a la magistratura que sus seres queridos no solo fueron asesinados, sino que fueron torturados. Esto lo celebramos como un hecho de verdad, restauración y memoria. Esperamos prontamente lo que sigue, audiencias de reconocimiento donde se limpian los nombres de las víctimas”.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los altos mandos lideraron una política ilegal de “conteo de cuerpos” que resultó en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, posteriormente presentados como bajas en combate.
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Sobre la imputación
Entre los imputados se encuentran los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes comandaron la Brigada IV del Ejército durante el período señalado. Junto a ellos, 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones fueron imputados por su participación en estos crímenes, así como dos civiles acusados de reclutar víctimas y entregarlas a los militares a cambio de dinero.
Por primera vez en una imputación de ‘falsos positivos’, la JEP confirmó la existencia de torturas contra víctimas y sus familiares en 22 casos que afectaron a 41 personas, en su mayoría campesinos del Oriente Antioqueño. Las víctimas fueron arbitrariamente acusadas de pertenecer a grupos insurgentes y sometidas a torturas para obtener información sobre presuntos vínculos con la guerrilla.
Hasta la fecha, 106 altos mandos han sido imputados en los seis autos anteriores, de los cuales 92 han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas con participación de las víctimas.
