Personería de Tunja abre indagación preliminar por presunto abuso de autoridad
La Personería de Tunja investiga presuntas irregularidades en los operativos de recuperación del espacio público, señalando posible uso excesivo de la fuerza y participación indebida de contratistas.

La Personería de Tunja investiga presuntas irregularidades en los operativos de recuperación del espacio público, señalando posible uso excesivo de la fuerza
Tunja
La Personería Municipal de Tunja anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar si en los recientes operativos de recuperación del espacio público, adelantados por la Alcaldía, se han vulnerado los derechos de los vendedores informales. La decisión se toma tras denuncias de comerciantes ambulantes y ciudadanos que han señalado presunto uso excesivo de la fuerza y posibles irregularidades en la ejecución de los procedimientos.
El personero municipal, Nelson Andrés Villabona, expresó su preocupación por la forma en que se han llevado a cabo estos operativos, especialmente porque, según informes recibidos, algunos procedimientos se realizan inmediatamente después de que los delegados de la Personería se retiran del lugar.
“Nos preocupa que estos operativos se estén realizando de manera irregular, justo cuando los representantes de la Personería ya no están presentes. La comunidad y los medios de comunicación han reportado estas anomalías, lo que nos ha obligado a abrir una indagación preliminar. Estamos adelantando reuniones con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Secretaría del Interior para analizar estos hechos y tomar las medidas necesarias”, señaló Villabona.
Plantón de vendedores informales
El anuncio de la Personería se produce luego de que un grupo de vendedores informales realizara un plantón en las afueras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en protesta por las medidas de la Alcaldía. La manifestación, que inicialmente estaba programada para llevarse a cabo dentro de la universidad, se trasladó a sus inmediaciones después de que la institución educativa negara el permiso para su realización.
El representante de la cooperativa de vendedores informales COOPAS, Julio Borda, aseguró que el objetivo de la protesta era llamar la atención sobre la situación que enfrentan los trabajadores informales, quienes consideran que los operativos han sido arbitrarios y sin previo aviso.
Personería cuestiona la participación de contratistas
Uno de los aspectos clave de la investigación que adelanta la Personería es la presunta participación de contratistas de la Alcaldía en la ejecución de los operativos. Villabona enfatizó que este tipo de procedimientos deben ser realizados exclusivamente por servidores públicos, ya que los contratistas no tienen facultades legales para llevar a cabo decomisos ni otras acciones de control.
“Es inaceptable que contratistas sin competencias legales estén retirando mercancías y carretas de los vendedores. La ley es clara en que estas decisiones deben ser tomadas y ejecutadas por servidores públicos y no por terceros que no tienen relación directa con la administración municipal“, afirmó el personero.
El funcionario también indicó que la recuperación del espacio público debe ajustarse a un debido proceso administrativo, que incluya:
- Notificación previa a los vendedores informales sobre la infracción cometida.
- Emisión de comparendos antes de cualquier decomiso.
- Toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, como la Secretaría del Interior y los inspectores de policía.
- Acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Alternativas de reubicación
Villabona insistió en que, aunque la administración municipal ha manifestado su intención de reubicar a los vendedores informales, es fundamental que estas alternativas sean viables y concertadas.
“No se trata solo de retirar a las personas del espacio público, sino de analizar si existe confianza legítima. La Corte Constitucional ha señalado que en estos casos se deben ofrecer alternativas de reubicación concertadas y no impuestas. No podemos enviar a los comerciantes a un lugar donde no haya flujo de personas, porque esto equivale a negarles la posibilidad de generar ingresos", explicó el personero.
También destacó que se deben garantizar los derechos de los comerciantes formalizados, por lo que se requiere un equilibrio entre la recuperación del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales.
Reunión con entidades para definir medidas
Ante la creciente tensión entre la Alcaldía y los vendedores informales, la Personería de Tunja convocará a una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Secretaría del Interior y otros actores involucrados, con el fin de definir mecanismos que garanticen el respeto de los derechos de los comerciantes ambulantes sin afectar el orden público.



