Falsos positivos en Colombia: ¿Quién dio la orden? y ¿cuáles son las revelaciones más recientes?
Conozca los que serían los máximos responsables de las desapariciones forzadas en Antioquia, según la JEP, entre los que se encuentra un excomandante del Ejército Nacional y otros tres generales
(Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado para juzgar y determinar los hechos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano luego del acuerdo de paz de 2016, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a varios generales, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de la Cuarta Brigada, en medio del segundo acto de hechos y conductas en el subcaso Antioquia.
En específico, esta imputación de cargos se refiere a las desapariciones forzosas en el departamento ente los años 2004 y 2007. En total se trata de cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales, que eran antiguos miembros de esta Brigada del Ejército Nacional.
Las imputaciones se dan en contra de exmilitares que habrían participado en estos actos de desaparición forzosa, o también llamados “falsos positivos” en el departamento de Antioquia. Resaltan varios nombres, sobre todo los de generales que se encuentran en estado de retiro.
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¿Quién dio la orden?
General (r) Óscar Enrique González Peña. Foto: Colprensa / EJÉRCITO
El primero en la lista es el general en retiro Óscar Enrique González Peña, quien ascendió a ese cargo el 5 de diciembre de 2008 y fue nombrado como comandante del Ejército el 6 de noviembre de ese mismo año. En su caso la jurisdicción recaudó documentos que lo señalaban de tener programas por los que exigía presentar al menos una baja diaria, y otras metas mensuales, que podía ascender a 30 muertos al mes.
González hacía un seguimiento riguroso de la cantidad de bajas y se realizaba presión especial a quienes no presentaban resultados. Todo esto concuerda con las versiones de los hechos, contenidas en los testimonios de numerosos soldados que testificaron ante la JEP. González Peña sería entonces uno de los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, señalado también por numerosas asociaciones de víctimas que a lo largo del proceso le exigieron que presentara la verdad de los hechos.
Óscar González Peña y Luis Roberto Pico | Fotos: Colprensa
Otro hallado como responsable máximo de la política de facto de “conteo de cuerpos” es el general en retiro Luis Roberto Pico Hernández. Fue comandante de la Brigada IV del Ejército, y se le acusa de no haber tomado medias para prevenir ni investigar los crímenes de desaparición forzada pese a tener conocimiento pleno de ellos. Múltiples testimonios de militares señalan a Pico Hernández estaba al tanto de la política y que incluso las promovió.
Pico Hernández fue el sucesor de Óscar González Peña para el 2005 y el 2006. Los documentos de la JEP lo vinculan con la misma exigencia de bajas, y revelan que Pico hacía cuentas de los días que las unidades llevaban sin presentar “resultados”.
Por su parte, el general en retiro Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo está vinculado según la JEP a por lo menos 120 ejecuciones extrajudiciales cometidas ente los años 2002 y 2006 en el departamento de Antioquia. Era comandante del Batallón de Infantería No.10 “coronel Atanasio Girardot” en esa época.
A lo largo del caso, se la ha acusado de no prevenir ni investigar estos crímenes a pesar de tener pleno conocimiento de ellos. Se recopilaron testimonios de militares que afirmaba que el entonces general promovía la presentación de resultados.
Finalmente, dentro de los máximos responsables se destaca el nombre de Juan Carlos Piza Gaviria, quien era comandante de la IV brigada del Ejército durante 2007. Se le conoció como comandante del grupo de Caballería Mecanizada número 4 “Juan del Corral”, señalada de irregularidades por ejecuciones extrajudiciales que ocurrían en las filas bajo su mando.
¿Cuáles son las revelaciones más recientes?
La JEP reveló que el objetivo de esta política de facto de “conteo de cuerpos”, era conseguir, a través de presiones y amenazas a las tropas junto con incentivos, mayores resultados y presentar más muertos para aumentar la “eficiencia” de la Brigada.
Se privilegiaba el cuerpo del supuesto enemigo que habría caído en combate como el indicador real del éxito del esfuerzo militar, dejando a un lado las capturas como indicador válido. En otras palabras, lo primordial era presentar resultados, sin importar a quién perteneciera el cuerpo.
Además, se detectó un patrón macrocriminal que ya la JEP había determinado en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Hula y el Cementerio de las mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño.
