Estado de conmoción interior corresponde más a decretos económicos y no de orden público: Miranda

La Corte Constitucional recibió los documentos necesarios para iniciar el estudio de la declaratoria de Estado de conmoción interior que hizo el Gobierno Nacional por abordar la crisis que atraviesa la región de Catatumbo por cuenta de la violencia guerrillera que desde el 16 de enero ha dejado más de 50 mil personas desplazadas.

Son más de 50 informes entre documentos reservados de Defensa, anexos de los alcaldes de las zonas en conflicto y hasta informes presupuestales. Luego de su estudio, se presentará una ponencia a la Sala Plena para determinar si esta declaratoria cumple con las leyes.

Por su parte, el Congreso de la República también delegó comisiones tanto en Cámara como en Senado para revisar la medida en esta zona de Norte de Santander. En un informe final concluyeron que la decisión del presidente Gustavo Petro es justificada y “que contribuye a superar la escalada de violencia y crisis humanitaria sin precedentes en el país”.

No obstante, algunos miembros del Legislativo decidieron no apoyar la declaratoria de conmoción. En este el caso de la representante a la Cámara, Julia Miranda, quien manifestó que no responde a la realidad del Catatumbo y se basa más en decretos económicos.

Aseguró que, aunque desde el punto de vista de orden público el estado de excepción es pertinente porque junto con las autoridades locales pudieron presenciar la crisis humanitaria que ha dejado más de 56 muertos y otros 54 mil desplazados. Aun así, dijo que el mandatario no ha asumido la responsabilidad política de esta medida y sus implicaciones en el país.

“Vimos el horror que fueron los hechos de asesinatos, desplazamiento de tantas personas como nunca antes se había visto, el confinamiento de más de 30,000, zonas minadas incluso alrededor de los colegios, es decir, sí eran eventos que superaban la posibilidad de la fuerza pública en condiciones normales de del el orden público, pero el Gobierno Nacional, estas son mis observaciones en contra de la misma declaratoria, sobre todo del decreto que el 062 que es el que declara el estado de emergencia y es que no fue el presidente de la República el que hizo esta presentación de las razones como el artículo de la Constitución política lo exige, en su artículo 213, que reglamenta el estado de excepción de manera muy específica y pide que sea el presidente de la República el que convoque al Congreso y le informe asumiendo él la responsabilidad directa de esta declaratoria", explicó.

Añadió que, lo único que se tiene de esta situación es una serie de ministros defendiendo unos decretos, pero no el jefe de Estado presentando su informe y asumiendo la responsabilidad política de esta declaratoria:

“Analizando los decretos, también nos damos cuenta de que muchos de ellos obedecen más bien a un estado de excepción de carácter de emergencia económica, social y ambiental y no de orden público, porque está perfectamente reglamentado que el estado de excepción conmoción interior se refiere al orden público y las medidas que deben tomarse son excepcionales y temporales para conjurar ese tema del orden público".

Para Miranda, los decretos de varios ministerios obedecen una serie de medidas estructurales y de largo plazo ajenas a la coyuntura que vive el Catatumbo.

En la comisión de la Cámara presidida por el representante del partido Alianza Verde, Duvalier Sánchez, presentó un documento con más 100 páginas que contó con el visto bueno de 41 de los 48 representantes que hacían parte de este equipo.

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