Tres mil mineros de Quinchía, en Risaralda, piden más apoyo del Gobierno Nacional para formalizarse

A pesar de que el Gobierno Nacional ha intensificado los esfuerzos para formalizar la minería artesanal en varias regiones del país, en el departamento de Risaralda los pequeños mineros aseguran que los avances han sido insuficientes.

Denuncian que ha habido falta de respaldo institucional y que los obstáculos normativos continúan dificultando la legalización de su actividad, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica.

Recientemente, desde la presidencia de la república se anunció la formalización de 447 pequeños mineros en enero de 2025, sumándose a los más de 10.000 que obtuvieron este reconocimiento en 2024, refleja una política gubernamental encaminada a regularizar el sector.

Sin embargo, estos beneficios no han llegado a Risaralda, donde los trabajadores mineros siguen enfrentando trabas para obtener títulos y permisos.

Esaú Mora Castaño, líder de los mineros en Quinchía, asegura que el Estado les exige requisitos imposibles de cumplir y que, sin cambios en la legislación, seguirán en la informalidad.

En Quinchía, cerca de 3.000 personas dependen de la minería tradicional y ancestral, trabajando en túneles y vetas. Además, en otras zonas del Eje Cafetero, como Irra y sectores de Caldas, existen más de 20.000 mineros informales dedicados a la minería de subsistencia.

Según los mineros, el proceso de formalización ha sido lento y costoso, ya que obtener un título minero puede costar hasta 500 millones de pesos, una cifra inalcanzable para los trabajadores. A esto se suma la falta de infraestructura y equipos adecuados, lo que complica aún más su situación.

Esaú Mora también advierte sobre la expansión de las multinacionales, que ya poseen títulos en áreas donde tradicionalmente han trabajado los mineros artesanales. Asimismo, advirtió que, si no se toman medidas, muchos podrían ser desplazados de su labor.

Los mineros artesanales de Quinchía afirman que seguirán luchando por su formalización y el reconocimiento de su labor. Aseguran que quieren trabajar dentro de la legalidad, pero que sin apoyo estatal y sin reformas al Código de Minas, su situación continuará siendo incierta.