En el Magdalena habrían expedido 400 certificaciones de pensión a $20.000 millones cada una
Así lo confirma y denuncia el alcalde de esa municipalidad, José David Escorcia, quien alega que, al parecer, los responsables serían exfuncionarios de la administración pasada.
Bono pensional en Colombia. Imagen de referencia vía Getty Images
Santa Marta
Un presunto acto de corrupción fue denunciado desde el Magdalena, un supuesto cartel que expidió, al parecer, más de 400 certificaciones de pensión anticipada, es decir, una serie de documentos a personas que jamás residieron en el municipio de Remolino y que pretendían disfrutar de la pensión a una edad temprana.
El caso fue dado a conocer por el alcalde de esa localidad, José David Escorcia, quien afirmó en diálogo con Caracol Radio que será la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría quienes investiguen estos supuestos delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, usurpación de funciones públicas, estafa, acceso abusivo a un sistema informático y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.
Escorcia detalló que las certificaciones de tiempo laboral son expedidas por cada ente territorial para aquellas personas que han trabajado en el mismo en algún momento; es un documento necesario e importante para que estas personas accedan al derecho a una pensión de vejez.
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¿CUÁNTO COBRABAN POR EL DOCUMENTO?
Confirmó el alcalde de Remolino que, al parecer, “se expidieron más de 400 de estos documentos. Por información allegada a la Alcaldía municipal y que ha sido puesta en poder de las autoridades competentes, se sabe que por una suma cercana a los veinte millones de pesos ($20.000.000) se podía conseguir uno de esos certificados para aquellas personas que necesitaban tiempos para pensionarse, falsificando salarios devengados, consignando cargos inexistentes, alterando supuestas fechas de trabajo, y en general, alterando la información contenida en tal certificado. Personas que pagan esta suma y jamás en la vida han pisado suelo remolinero”.
Todo parece indicar que los miembros de este supuesto cartel, presuntamente se pusieron de acuerdo en hacer estos documentos por años, y que siguieron haciéndolo incluso durante el 2024 que ya habían salido de la alcaldía. Dijo el mandatario, además, que es imposible medir la cantidad de dinero que se movía en este presunto ilícito, pero constituye una renta ilegal enorme, que hoy, al parecer, se pone al servicio de los intereses “descarnados del intento de revocatoria”, promovida por concejales en ejercicio que practican de frente a la comunidad, una aparente participación en política.
Así las cosas, José David Escorcia espera una pronta intervención de la Fiscalía en cuanto a lo penal se refiere, de la Procuraduría a lo disciplinario se atiene y pone de presente que teme por su vida y la de sus personas cercanas.
