Víctimas de Smart Terra denuncian insuficiencia en compensaciones
Los afectados por la captación ilegal de más de 7.000 millones de pesos reciben bienes inmuebles que apenas representan una fracción de lo invertido, mientras enfrentan nuevas cargas económicas e incertidumbre sobre su recuperación.

Afectados por la captación ilegal de más de 7.000 millones de pesos reciben bienes inmuebles que apenas representan una fracción de lo invertido.
Tunja
Más de 130 personas afectadas por la estafa de la constructora Smart Terra comenzaron a recibir predios adjudicados por la Superintendencia de Sociedades, tras un proceso de intervención por captación ilegal de dinero. Sin embargo, los afectados han señalado que esta medida es insuficiente y genera nuevas dificultades económicas para las víctimas, quienes todavía enfrentan la incertidumbre sobre cómo recuperar sus inversiones.
Smart Terra operaba en ciudades como Tunja, Sogamoso y Duitama, atrayendo inversionistas con la promesa de altos rendimientos financieros. Según las denuncias, la empresa ofrecía contratos bajo la figura de “activos crecientes”, prometiendo una rentabilidad mensual y la devolución del capital al cabo de un año. Sin embargo, en agosto de 2022, la Superintendencia intervino tras descubrir la captación ilegal de más de 7.000 millones de pesos.
Mayra Castro, una de las víctimas, relató su experiencia: “Invertí 50 millones de pesos en 2022 porque todo parecía completamente legal. Nos hicieron contratos autenticados ante notaría, la empresa estaba registrada en la Cámara de Comercio y tenían oficinas físicas en varias ciudades. Por unos meses nos pagaron la rentabilidad prometida, pero luego dejaron de hacerlo y la Superintendencia intervino. Desde entonces, comenzó nuestro calvario.”
Bienes insuficientes y dificultades para su administración
Los predios adjudicados representan apenas una fracción del monto total defraudado. De acuerdo con Castro, el valor de los bienes incautados no supera los 1.000 millones de pesos, que ahora deben ser divididos entre más de 130 personas. Además, estos bienes no son dinero en efectivo, sino lotes y propiedades que generan nuevas cargas económicas para las víctimas. “Nos están adjudicando lotes con una participación mínima, de aproximadamente el 1% por persona. Esto no nos permite venderlos fácilmente, y mientras tanto, tenemos que asumir el pago de impuestos, servicios públicos y otros gastos. En lugar de recuperar nuestro dinero, estamos perdiendo aún más.”
Otro problema señalado por las víctimas es la falta de contacto entre los afectados, lo que dificulta coordinar una venta conjunta de los bienes. “No tenemos acceso a la lista de los demás afectados, y la Superintendencia no nos ha proporcionado esa información. Sin comunicación entre nosotros, es casi imposible tomar decisiones sobre qué hacer con los predios,” explicó Castro.
Denuncian bienes de lujo no incautados
Durante el proceso de entrega de los bienes, surgieron denuncias sobre propiedades de lujo, como camionetas y caballos, supuestamente pertenecientes a los responsables de Smart Terra. Sin embargo, la Superintendencia no pudo incluir esos bienes en el proceso de restitución, ya que no se encontraron pruebas legales de que estuvieran a nombre de los implicados. “Aunque algunos mencionaron que el representante legal tenía propiedades valiosas, la Superintendencia solo puede actuar con base en documentos legales. Eso limita lo que se puede recuperar,” añadió Castro.
Las víctimas piden mayor apoyo por parte de las autoridades para agilizar los procesos y garantizar una compensación más justa. También solicitan que se investigue a fondo si existen otros bienes no reportados que puedan ser utilizados para devolver parte del dinero captado ilegalmente. “Estamos en una situación muy difícil. Los predios adjudicados no representan ni la mitad de lo que perdimos, y además nos enfrentamos a nuevos gastos. Lo que queremos es justicia y una solución real que nos permita recuperar lo que con tanto esfuerzo invertimos,” concluyó Castro.