Autopistas del Caribe asegura que no contempla liquidar el contrato en Bolívar y Atlántico

La Concesión Autopistas del Caribe aseguró que las estaciones de peaje, incluyendo las de Sabanagrande y Turbaco, son legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021 y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 de Mintransporte y que el proyecto es legal, está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las dos principales ciudades de la región Caribe.

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Señalaron que el peaje de Sabanagrande cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades vecinas. En cuanto a Turbaco, el Gobierno Nacional ha propuesto una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II, la cual ha sido rechazada por el Comité No Mas Peaje sin contar con la opinión de los verdaderos usuarios de la vía.

Manifestaron que las constantes tomas de las estaciones de peaje y las amenazas contra los usuarios de la vía y los colaboradores del proyecto constituyen un delito según la normativa colombiana. Desde el 6 de diciembre de 2024, la estación de peaje de Sabanagrande ha sido ocupada por grupos que han intimidado y agredido al personal. Queremos recordar a los usuarios que la evasión del peaje está regulada por la Ley 769 de 2022, y quienes incurran en esta infracción podrían enfrentar sanciones equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Aseguraron que actualmente, el contrato se encuentra bajo la ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos como la falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 de peaje en Turbaco y la implementación construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra. Mientras estos obstáculos no se resuelvan, el concesionario no podrá cumplir con sus obligaciones relacionadas a la obligación contractual de acreditar al cierre financiero.

Manifestaron que es importante resaltar que el cierre financiero es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas. Afirmaron que no es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero y mucho menos cierto que el contrato se deba liquidar.

Autopistas del Caribe ha participado activamente en más de 20 jornadas de diálogo, buscando evitar la liquidación del proyecto. Sin embargo, los líderes opositores al desarrollo continúan sin proponer soluciones viables y persisten en su insistencia por liquidarlo, lo que representaría un grave perjuicio para el desarrollo de la región Caribe.

Manifestaron que la liquidación anticipada del contrato, impulsada por quienes buscan obtener beneficios políticos a costa de la región, generaría un daño irreparable para su competitividad.

“La historia nos ha demostrado que la liquidación de proyectos de esta magnitud resulta en desempleo masivo, ausencia de inversión social y ambiental, y la pérdida de infraestructuras claves para la región. Además, el país tendría que asumir pagos billonarios derivados de la ruptura de contratos, lo que afectaría la estabilidad económica y social.”

Finalmente, respecto a las actividades preliminares para la construcción del Peaje de Arroyo de Piedra, como la adecuación del terreno y la tala de individuos autorizadas, se realizan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la C.R.A. y en cumplimiento de la normativa ambiental. Estas acciones no requieren licencia ambiental, ya que el proyecto se ajusta a la normativa que regula obras de mejoramiento sobre infraestructura existente, como lo estipula el Decreto 1076 de 2015.