¿Qué es el Estado de Conmoción Interior?: La medida que estudia el gobierno para el Catatumbo
El gobierno estudia las soluciones jurídicas para hacer frente a la ola de violencia en el país.
Tibú, Norte de Santander- Consejo de Seguridad. / Joel_Presidencia
Colombia
-El gobierno nacional evalúa la posibilidad de declarar varias medidas, entre ellas la Emergencia Económica y el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo ante la grave situación humanitaria que enfrenta la región, donde los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han cobrado la vida de más de 50 personas.
El Estado de Conmoción Interior, una medida excepcional contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991 y que permite al presidente de la República tomar decisiones drásticas para restaurar el orden público cuando las atribuciones ordinarias de las autoridades no son suficientes.
¿Qué implica el Estado de Conmoción Interior?
El Estado de Conmoción Interior es un mecanismo constitucional diseñado para hacer frente a situaciones que amenacen gravemente la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Según artículo 213 de la Constitución, el presidente, con la firma de todo su gabinete ministerial, podrá declarar este estado por un período no mayor a 90 días, el cual puede ser prorrogado hasta por dos períodos adicionales, siempre con la autorización del Senado.
Durante este tiempo, el gobierno tendría la capacidad de dictar decretos legislativos que suspendan las leyes que sean incompatibles con la medida y que sean necesarias para restablecer el orden público.
Este tipo de medida excepcional ya ha sido utilizada en el país en situaciones de grave perturbación del orden público, y su propósito es dar al gobierno las herramientas necesarias para contener la violencia y restaurar la estabilidad.
¿Cuáles son los límites de esta medida?
Según la normativa durante esta emergencia no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. “En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, por lo que las leyes que se expidan no podrán afectar los derechos fundamentales de ningún ciudadano, además, los decretos que se emitan deben estar firmados tanto por el presidente, como por todos sus ministros y “solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción”, señala el decreto.
Durante este tiempo, el gobierno tendría la capacidad de dictar decretos legislativos que suspendan las leyes que sean incompatibles con la medida y que sean necesarias para restablecer el orden público.
