Medellín

Declaran improcedente la tutela que buscaba frenar la tasa de seguridad en Antioquia

La polémica tasa de seguridad se comenzará a cobrar a partir del 1 de enero de 2025.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defiende la tasa para inyectarle recursos a la seguridad del departamento. Foto: cortesía.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defiende la tasa para inyectarle recursos a la seguridad del departamento. Foto: cortesía.

El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el diputado Luis Peláez, la cual buscaba frenar la implementación de la tasa de seguridad propuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

La decisión judicial respalda, por el momento, la propuesta del gobernador Rendón, que tiene como objetivo fortalecer las políticas de seguridad en el departamento a través de esta contribución económica.

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El diputado Luis Peláez manifestó su desacuerdo con el fallo y aseguró que continuará adelante con acciones judiciales para intentar frenar la aplicación de la tasa, argumentando que esta vulnera los derechos de los ciudadanos.

Sigue el debate

La controversia en torno a la tasa de seguridad ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico, mientras que las autoridades departamentales defienden la medida como una herramienta clave para garantizar el bienestar y la seguridad de los antioqueños.

El juez determinó que el trámite de la Asamblea Departamental de Antioquia, obró “con total acatamiento de las formas y procedimientos consagrados en las normas vigentes, por lo que no resulta acertado afirmar que con dicho trámite se haya contrariado alguno de los elementos constitutivos del debido proceso ni que al hoy accionante se le hubiera amenazado o vulnerado, en su calidad de diputado o, incluso, como ciudadano, alguno de sus derechos fundamentales”.

Hay que recordar que con 14 votos positivos y 10 en contra, la plenaria de la Asamblea Departamental dio su visto bueno para la imposición de una nueva tasa especial de seguridad que se comenzará a cobrar en los servicios públicos a partir del 1 de enero del próximo año.

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