Consejo Gremial pide a la Gobernación de Bolívar no sancionar Estatuto Tributario
Solicitaron un “proceso más transparente y dialogado” para decisiones que impactan la economía local
Cartagena
El Consejo Gremial de Bolívar manifestó su preocupación por la reciente aprobación del proyecto de ordenanza que modifica el Estatuto Tributario del departamento. Según el Consejo, aunque reconocieron la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, consideran que no es el momento adecuado para aumentar los tributos, dado el contexto económico actual.
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“Las condiciones actuales del país y de la economía local exigen que trabajemos alineados en la reactivación económica, en lugar de sobrecargar al sector productivo y empresarial, que está recuperándose de los efectos de la crisis reciente”, expresó la organización. También indicaron que cualquier ajuste tributario debería enfocarse en integrar a las economías informales de alta rentabilidad, evitando mayores cargas a los sectores formales.
El Consejo criticó la rapidez con la que se aprobó la ordenanza. Explicaron que el proyecto fue conocido el 3 de diciembre, sometido a primer debate el 6 de diciembre y aprobado en segundo debate el 10 de diciembre. Según ellos, estos tiempos limitaron una discusión adecuada y restringieron la participación efectiva de actores económicos y ciudadanos.
Por estas razones, solicitaron al Gobernador no sancionar la ordenanza en su estado actual y abrir un espacio de diálogo participativo que permita construir un marco normativo ajustado a la realidad económica del departamento. Resaltaron que debe garantizarse la inclusión de aspectos positivos del texto aprobado, como los relacionados con beneficios a la vivienda de interés prioritario y la integración de ordenanzas anteriores.
El Consejo propuso incorporar audiencias públicas como mecanismo formal en el reglamento interno de la Asamblea Departamental para asegurar transparencia y participación en la construcción de ordenanzas. También instaron a la Gobernación a socializar de manera anticipada los actos administrativos de mayor impacto para facilitar aportes desde etapas iniciales.
Finalmente, destacaron que casos como este y la experiencia con la Tasa de Seguridad vinculada al recibo de energía reflejan una desconexión entre los procesos de aprobación de las ordenanzas y las expectativas de participación democrática de la ciudadanía.