Medellín

Este año han asesinado a 24 líderes sociales en Antioquia: Fundación Sumapaz

La organización Defensora de Derechos Humanos también indica que 91 defensores han recibido amenazas y 52 se han tenido que desplazar de manera forzada de sus territorios.

Lideres sociales reclaman respuesta a situaciones de violaciones de derecho

Lideres sociales reclaman respuesta a situaciones de violaciones de derecho / Caracol Radio (Colprensa)

Antioquia

La Fundación Sumapaz presentó este lunes 9 de diciembre su más reciente informe de agresiones a defensores de derechos humanos en Antioquia durante el 2024. La conclusión es que este departamento sigue siendo muy peligroso para esa labor social, ya que en lo corrido del año se registran 24 asesinatos de esta población. Siendo la subregión del Magdalena Medio en la que se reporta el mayor número de homicidios.

Sumapaz reporta con preocupación el elevado número de agresiones de todo tipo y homicidios que se reportan en el departamento, por ejemplo: El Magdalena Medio reporta 6 muertes violentas; el Suroeste, 4 casos; Bajo Cauca, 3; Oriente, 3 reportes; el Nordeste, 2; el Norte, 2 casos; Urabá, 2 y Valle de Aburrá, 2. En la subregión del Occidente, no se reportaron casos durante el 2024, detalló el Sumapaz.

La organización detalla que la población de Yondó en el Magdalena Medio es la que reporta el mayor número de homicidios con 4 casos. Le siguen Cáceres y Puerto Triunfo, con 2 casos cada uno. Pero llama la atención que los actos violentos se han registrado en poblaciones donde las estadísticas no tenían reporte, como Caldas, con 2 asesinatos.

“La situación de las PDDHH en Antioquia es desoladora y pone de manifiesto un contexto de violencia sistemática que afecta no solo a los defensores, sino también a las comunidades que ellos representan. Los incidentes ocurridos durante 2024 no son aislados; son parte de un patrón extendido de agresiones hacia aquellos que se atreven a defender los derechos humanos en un entorno marcado por la impunidad y el poder de las organizaciones criminales”, agregó en el informe.

Se recalca que los defensores que luchan por la paz, la justicia y los derechos humanos son los más afectados: “Su labor de denuncia y defensa desafía directamente a las estructuras de poder que operan en secreto”.

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Agresiones y amenazas

La Fundación Sumapaz indicó que durante este 2024, 91 defensores han recibido amenazas; 52 desplazamientos forzados; 9 señalamiento individual; 4 señalamientos colectivos y 4 de tortura; 4 casos de retención; 2 casos de detención ilegal y 2 hurto de información.

Lo que más preocupa es que estas cifras podrían ser mayores, ya que muchas personas no denuncian hechos violentos debido al temor de los grupos armados que cometen las agresiones contra los y las defensoras de derechos humanos.

“Los datos recopilados no solo evidencian la urgencia de implementar políticas de protección efectivas para los defensores de derechos humanos, sino también la necesidad de una respuesta cohesiva del gobierno colombiano y de la comunidad internacional para revertir esta tendencia de violencia. Es fundamental fortalecer las garantías de seguridad y crear espacios donde estas voces puedan ser escuchadas y protegidas sin temor a represalias”.

El informe incluye la misma violencia, pero contra la comunidad LGBTIQ+ con 7 casos; según la organización, los estudios demuestran que las personas, especialmente las mujeres trans, enfrentan violencia desproporcionada y sistemática.

Finalmente, atribuyen estas violencias a la falta de protección de la Unidad Nacional de Protección, lo mismo que la Procuraduría, que según Sumapaz ha tenido un control calificado como débil en la exigencia a las instituciones a cumplir los protocolos de seguridad. Lo mismo que la Fiscalía, a la que señalan de no esclarecer los hechos violentos y los responsables, no han sido sometidos a la justicia. Por lo que la impunidad persiste.

“Las autoridades locales, tanto municipales como departamentales, también tienen una responsabilidad en la protección de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, las cifras y los hechos muestran que no están cumpliendo con esta obligación constitucional”, agregó.

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