Cartagena

En el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía Mayor de Cartagena ante el Concejo sobre el presupuesto general de gastos e inversiones en 2025, la modificación de los recursos destinados para la Contraloría Distrital ha suscitado inquietudes por parte de funcionarios del ente de control fiscal, “ignorando”, como se explica desde la Administración Distrital, que hace parte de un plan de mejoramiento ordenado por la Contraloría General de la República.

Hoy, en medio de la última sesión del año en la que el Concejo Distrital clausura el tercer periodo de sesiones ordinarias, trabajadores de la Contraloría local protestaron por la disminución del presupuesto. Sin embargo, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se informa que la modificación deriva de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que indica que hubo errores de cálculo hacia arriba en la tasación. Es decir, se giraron más recursos de los estipulados por la norma en los últimos tres años.

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Por ende, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito ajustó el presupuesto para la Contraloría Distrital en 2025, en el proyecto de acuerdo No. 042 - 2024, con respecto al límite de gastos considerados en el Informe de Viabilidad Fiscal 2023 del Ministerio de Hacienda y en el Informe de Resultados sobre el incumplimiento del límite del gasto Ley 1416 de 2010 en el Distrito, en las transferencias al ente de control fiscal, por parte de la CGR.

Dichos errores cometidos en los tres años anteriores en el ajuste del crecimiento proporcional del presupuesto que se realizó desde la vigencia 2010 y que afectó las vigencias sucesivas hasta el 2022, ocasionó, según la CGR, en el ente de control distrital un exceso de sus gastos durante dichas vigencias, por lo que este hallazgo fue el insumo legal para la proyección que realizó el Distrito del presupuesto general del próximo año.

Los hallazgos (ver cuadro adjunto con el presente comunicado) hacen parte de la Actuación Especial de Fiscalización de la CGR sobre el incumplimiento del límite de gasto previsto en las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010, para la Contraloría Distrital de Cartagena, vigencia 2022, así como en cumplimiento de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras ISSAI.

La actuación especial de fiscalización fue una acción de vigilancia y control fiscal breve, en la que un equipo de trabajo interdisciplinario abordó la investigación de los presupuestos del Distrito desde 2010. Como resultado de esta auditoría, se conceptuó que para 2021, 2022 y 2023 no se cumplió con el límite del gasto establecido en la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 del 2010, para la Contraloría Distrital.

La modificación hace parte de un Plan de Mejoramiento

Tras la publicación de estos hallazgos y en los errores en el cálculo que derivaron en que se girarán más recursos de los permitidos a la Contraloría Distrital en la anterior administración, la CGR, a través de la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, ordenó a la Alcaldía de Cartagena la elaboración de un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias evidenciadas por la auditoría especial.

“El control fiscal en Cartagena no está en riesgo y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa o politizada iría en contravía de nuestra visión de gobierno, en la que el desarrollo y el crecimiento de la ciudad pasa obligatoriamente por la unión y fortalecimiento de todos los actores y sectores. Debilitar el control fiscal, el control político del Concejo o el de cualquier ente de control o entidad, es debilitar a la democracia en sí misma. Lo único que hicimos fue cumplir nuestra obligación con el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, explicó Dumek Turbay.

Y subrayó: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma, y así legalizar los procesos del Distrito, anteriormente caóticos e imprecisos”.