Fico no permitiría cobro de la tasa de seguridad que plantea el Gobernador a través de EPM
El Alcalde de Medellín no está de acuerdo con que los estratos 4, 5 y 6 paguen 80 pesos por kilovatio hora consumido al mes, mientras que el sector empresarial pague un promedio de 60 pesos por kilovatio hora.
Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. / Sebastian Barros
Medellín, Antioquia
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se manifestó en contra de la propuesta de impuesto-tasa para la seguridad en Antioquia, que sería cobrado a través de la factura de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La iniciativa, promovida por el gobernador Andrés Julián Rendón, busca financiar estrategias de seguridad en la región mediante un recargo en el consumo de energía eléctrica.
A través de la plataforma X (antes Twitter), Fico expresó su rechazo a la medida:
“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos.”
El mandatario local enfatizó que su compromiso con la seguridad queda demostrado con los esfuerzos realizados en Medellín, donde se invertirán $1,3 billones en los próximos cuatro años para el fortalecimiento de organismos de seguridad y capacidad tecnológica. Asimismo, destacó que, a nivel del Área Metropolitana, se destinarán $150 mil millones para la instalación de cámaras de vigilancia en los 10 municipios de la región.
La propuesta del gobernador Rendón, que se discute en la Asamblea Departamental de Antioquia, ha generado una amplia controversia. Según lo estipulado, los estratos 4, 5 y 6 pagarían 80 pesos por kilovatio hora consumido al mes, mientras que el sector empresarial aportaría un promedio de 60 pesos por kilovatio hora. El Gobernador defiende el impuesto como una medida necesaria para combatir las crecientes amenazas de grupos armados ilegales y problemas de orden público en el departamento. Además, asegura que la medida no afectará a los sectores más vulnerables.
