La JEP pide al Centro Democrático evitar estigmatizar a las victimas de falsos positivos
Esta justicia transicional le respondió al director de este partido político, Gabriel Vallejo, una carta que había remitido
Bogotá. Noviembre 05 de 2024. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la JEP el magistrado Alejandro Ramelli y nuevo vicepresidente, magistrado José Miller Hormiga Sánchez para el periodo 2024-2026.(Colprensa - Catalina Olaya)
Bogotá
El pasado 19 de noviembre el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta a la JEP en la que le pidió no realizar lo que llamó generalizaciones frente a los falsos positivos en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz le respondió la comunicación en una carta de ocho paginas le solicita a Gabriel Vallejo que dé instrucciones a los integrantes del Centro Democrático para que se abstengan de estigmatizar a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que según su investigación son 6.402 personas.
La JEP dice que está probado que los falsos positivos fueron una política de conteo de cuerpos en algunas unidades militares y no opiniones, sino información documentada y contrastada.
“La Sala de Reconocimiento resalta que este patrón macrocriminal se inscribe en la política de facto del conteo de cuerpos -la imposición de las “muertes en combate” como único indicador de éxito para la obtención de felicitaciones y recompensas al interior de la Brigada”.
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Esta justicia transicional asegura que la investigación del caso 03 de falsos positivos cuenta con los testimonios de los militares que participaron en estos hechos y que han relatado como por esas falsas bajas eran premiados.
“Hubo una política de facto que permitió la materialización de estos crímenes, la cual se evidenciaba en, por lo menos tres aspectos: Privilegiar la presentación de bajas en combate como el resultado operacional deseado, por encima de las capturas y las desmovilizaciones; la existencia de una verdadera competencia entre diversas unidades militares por el incremento del número de bajas en combate, llegando incluso al establecimiento de “cuotas”, y la ausencia de la adopción de medidas eficaces tendientes a evitar este tipo de hechos una vez se fueron recibiendo denuncias tanto de las víctimas como de organizaciones nacionales e internacionales”
Hasta el momento este caso ha llevado a 102 imputaciones a máximos responsables de los cuales 85 exintegrantes del Ejército han aceptado su responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
