Cartagena

La Corte Constitucional admitió la coadyuvancia del alcalde mayor Dumek Turbay en una demanda que busca tumbar el cobro de valorización a predios ubicados en la Vía al Mar, carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla. Esta acción pública de inconstitucionalidad fue presentada a inicios de noviembre por el senador Mauricio Gómez Amín, y cuenta también con el apoyo de los Concejos de ambas ciudades y de ciudadanos de barrios afectados.

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El cobro de valorización, anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a 143.000 predios en 10 municipios de Bolívar y Atlántico, según el Ministerio de Transporte; lo que ha generado gran controversia en los hogares que pagarían el gravamen, y que medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como socializaciones, censos prediales y facilidades de pago, no han tranquilizado a la ciudadanía y a gremios como Camacol, pues golpearía gravemente a las inversiones en construcción y alzaría precios de viviendas.

La demanda va en contra del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Esta admisión marca un avance en la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en Cartagena, Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Soledad, Galapa y Malambo, eventualmente afectados por el cobro de valorización de la vía Barranquilla - Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad, como plan piloto del Gobierno nacional.

Según la demanda, el impacto del cobro de valorización podría ascender a 2.4 billones de pesos, cifra que supera la inversión regional asignada en el presupuesto para el Atlántico y el recaudo de renta anual de la DIAN en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Con esta acción ante la Corte Constitucional, Turbay cuestiona la constitucionalidad de la disposición que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización “hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto”. Según la demanda, esta norma afecta principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución Política de Colombia.

Los coadyuvantes solicitaron también la suspensión provisional de la norma, argumentando que su implementación podría impactar de manera negativa a los ciudadanos. Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional abre la puerta a un análisis detallado de estos temas, así como a la participación de otros actores sociales, académicos y jurídicos en el proceso.

Tanto Turbay como el senador Gómez convocaron a más voces de la sociedad civil a respaldar la demanda, como gremios, juntas de acción comunal y colectivos ciudadanos, y así haya más presión social para que se revisen los argumentos señalados en contra del cobro de valoración.

“Esto no se trata de un tira que jala político, ni un capricho ni mucho menos convertir este escenario como una confrontación entre el Distrito y el Gobierno del presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Transporte. Eso es erróneo. Con la demanda lo único que se busca es que haya la más completa revisión constitucional del cobro, apelando a que las leyes y normas siempre deben garantizar los derechos y el valor que tiene la ciudadanía, la cual ahora mismo está inquieta por este nuevo gravamen que afectaría sus bolsillos; adicionando más gastos que los que ya se destinan en servicios públicos, transporte y alimento”, afirmó Dumek Turbay.

¿Quiénes tendrán que pagar en Cartagena?

El Invías determinó una zona de influencia de predios beneficiados por la construcción de la Vía al Mar. El área, de 96.311 hectáreas, comprende 10 municipios: dos de Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará). En total se identificaron 248.656 predios.

Con respecto a Cartagena, se estableció una zona de influencia de 24.128 hectáreas, así: “Por el sur y el occidente con el mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Por el oriente aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 hasta encontrar la avenida Pedro de Heredia. Continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa por el mar Caribe adentrándose hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”.

En esta zona se identificaron un total de 66.303 predios, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 son comerciales y 2.156 son agrícolas. Estas tres categorías conformar el 95% del total.