Comunidades indígenas zenúes del sur de Córdoba inician protestas contra empresas mineras
Exigen diálogo con autoridades y empresas para resolver problemas de seguridad, empleo y medio ambiente.
Bloqueo en las vías que comunican con las empresas mineras del sur de Córdoba.
Montería
Las comunidades indígenas zenúes del resguardo Centorgua y las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia de empresas minero energéticas en los municipios de Puerto Libertador, Montelibano y San José de Uré iniciaron este martes 5 de noviembre protestas pacíficas para exigir el respeto a sus derechos territoriales y la protección de la biodiversidad.
Desde esta mañana, las comunidades han bloqueado vías y realizan concentraciones en diferentes puntos, demandando garantías para su seguridad y bienestar, oportunidades laborales justas, medidas para reducir la accidentalidad vial, protección de la biodiversidad, cumplimiento de acuerdos previamente establecidos y concertación con las empresas operantes en la región.
Darlys Karina Rojas Parra, gobernadora indígena, explicó las razones detrás de la protesta: “Estamos ejerciendo un control territorial en contra de las empresas extractivas que han venido explotando nuestros recursos naturales sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Solo nos hacen promesas falsas y no llegamos a ningún acuerdo”.
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Rojas Parra denunció que las empresas mineras, entre las que mencionó a Sator, Gecelca, Minerales Córdoba y Carbomax, no se han sentado a dialogar con las comunidades para discutir los impactos de sus operaciones y no han proporcionado beneficios directos a la población local. “Todas estas empresas hacen filantropía, pero no se ven los beneficios en las comunidades. Nuestros jóvenes se tienen que ir a trabajar a otras partes porque no hay oportunidades laborales aquí”, afirmó.
Además, la gobernadora indígena destacó la preocupación por la accidentalidad vial causada por el tráfico de camiones mineros. “El corredor de la muerte” es como llaman a la zona, donde han ocurrido varios accidentes mortales debido al estado de las vías.
Las comunidades exigen la presencia de los alcaldes de los tres municipios, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Minería para iniciar un diálogo constructivo.
A pesar de las protestas, se mantiene abierto el corredor humanitario y se permite el traslado normal de docentes y estudiantes. Las autoridades locales y nacionales aún no han emitido una declaración oficial sobre la situación.
La protesta se espera que continúe en los próximos días hasta que se logren acuerdos concretos para proteger el territorio y la biodiversidad de las comunidades indígenas.
