Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes ante la persistencia del conflicto en Arauca

Bogotá

Ante la alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que vive el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo le pide al Estado colombiano tomar medidas contundentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades afectadas.

Esta entidad evidencia constantes vulneraciones a causa del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame, Arauca (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.

Esta crisis humanitaria que vive Arauca es ocasionada por la disputa territorial entre el ELN y facciones disidentes de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional e implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”. Explicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Asesinatos

En Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres.

Amenazas

Las amenazas sistemáticas han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y estudiantes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates.

Desplazamientos y confinamientos

El desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos se hacen frecuentes en el departamento de Arauca. Según ha conocido la Defensoría del Pueblo, al menos 132 familias, unas 412 personas se han desplazado de manera forzada en lo que va del 2024. También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2.044 familias, unas 6.141 personas.

Ante esta crítica situación que ya las autoridades locales y departamentales no pueden controlar, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pide que desde el Estado lleguen al territorio con proyectos que cambien la realidad de las comunidades. Además, les pide a los grupos armados que hacen presencia en la zona a disminuir su accionar violento y a cumplir con los principios del derecho internacional humanitario.

“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”.

La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las recomendaciones hechas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23 y sus respectivos informes de seguimiento, en los que les solicita a las autoridades más presencia institucional y acciones concretas que contribuyan a mitigar el conflicto armado en el departamento de Arauca.