Deforestación en el Amazonas, otra consecuencia del conflicto armado en Colombia
En el país, las tasas de deforestación están aumentando, luego de los tropiezos de las negociaciones del gobierno con la guerrilla que controla franjas de la Amazonía.
Deforestación (Getty Images)
Según el estudio publicado por International Crisis Group, El crecimiento de la presencia de los grupos armados al margen de la ley sobre la región Amazónica colombiana, ha entorpecido la implementación de políticas de protección ambiental, dejando en peligro la integridad de la selva tropical y su papel como regulador del clima en el planeta.
A pesar de que el gobierno colombiano ha hecho de la protección ambiental una prioridad, el control que ejercen las guerrillas sobre grandes extensiones del territorio no ha disminuido.
En el informe se destaca, que el Estado Mayor Central, conformado por algunos frentes de las disidencias de las FARC, ha demostrado tener el poder de frenar o acelerar la deforestación cuando así lo decide, ya que cuando sus intereses lo requieren, estos grupos explotan los recursos naturales de esta zona e incluso permiten la quema indiscriminada de arboles para expandir sus negocios ilícitos.
Cabe recordar que durante décadas, los grupos armados han controlado franjas de la Amazonía colombiana. Esto se debe e a su geografía de difícil acceso: la región representa poco más del 40 por ciento de la superficie del país e incluye más de 39 millones de hectáreas de áreas protegidas.
Adicionalmente, la selva es extensa y se encuentra alejada de zonas densamente pobladas, lo que dificulta que el Estado establezca una presencia duradera, facilitando el establecimiento de la autoridad en estos territorios por parte de grupos criminales.
El documento concluye que el gobierno colombiano debe insistir en la reanudación de las negociaciones con los grupos armados y buscar estrategias para detener el avance de la deforestación.
Así mismo, debe reafirmar su autoridad sobre la Amazonía, a través de la creación de programas de desarrollo que fomenten ocupaciones económicas que sean ambientalmente sostenibles, sancionando a los grandes infractores ambientales y fortaleciendo la coordinación de políticas de seguridad, paz y medio ambiente.
