JEP ordenó suspensión de operaciones a Reforestadora Integral de Antioquia en Urabá
La decisión fue tomada al reconocer que las comunidades campesinas víctimas no han recibido reparación integral y corren el riesgo de perder sus tierras por proyectos forestales promovidos por empresas vinculadas al conflicto armado.
Imagen de referencia. (Foto de Juancho Torres/Agencia Anadolu vía Getty Images) / Anadolu
Urabá antioqueño
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó medidas cautelares en búsqueda de la protección de los derechos de los campesinos víctimas del conflicto en la región de Tulapas, Urabá antioqueño. Por esto, le ordenó la prohibición a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) de hacer uso y disfrute de esta tierra en la que desarrolla proyectos forestales. Asimismo, le solicitó a esta empresa suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador.
Esta decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad al constatar que las comunidades campesinas de Tulapas, ubicada en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá; víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, no han recibido una reparación integral, no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus tierras como mecanismo de reparación y además, corren el riesgo de perderlas debido a proyectos forestales de monocultivos promovidos por empresas vinculadas con actores del conflicto armado.
Con estas medidas cautelares, la JEP convoca y requiere a diferentes entidades del Estado a nivel nacional, departamental, regional y municipal para su articulación con el fin de conservar el status quo y evitar daños irreparables a las personas, comunidades campesinas y al Territorio de esta zona del departamento de Antioquia.
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El conflicto en Tulapas
Los despojos y el desplazamiento forzado en Tulapas a mano de grupos paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba, han tenido graves consecuencias para estas comunidades a lo largo del tiempo, afectando sus proyectos de vida y fracturando sus lazos territoriales, comunitarios y culturales en consecuencia de los grupos al margen de la ley que tienen como objetivo consolidar una estrategia militar, económica, política y social en la región de manera persistente según la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Con las medidas cautelares ordenadas, la JEP busca que en este contexto se puedan evitar daños irreparables a las víctimas, proteger los objetivos del proceso transicional y asegurar la eficacia procesal de la investigación en el Caso 04.
La decisión de la JEP está alineada con los hallazgos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y otras jurisdicciones especializadas, como la de restitución de tierras y Justicia y Paz, las cuales han determinado que en esta región hubo un despojo masivo, afectando a al menos 130 familias campesinas (más de 4.000 personas) que fueron desplazadas.
