Operación Dominó Segunda Fase: la apuesta del INPEC para la lucha contra la extorsión
En los últimos dos años se han incautado 65 mil celulares dentro de los centros de reclusión.
Judicial
El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Coronel Daniel Gutiérrez entregó un balance de la llamada ‘Operación Dominó’, que en los últimos dos años dejó un balance de 65 mil celulares y 29 mililitros de licor incautados en las 126 cárceles del país.
Con esta operación, se han identificado 35 actores criminales dedicados a la extorsión desde 8 cárceles del país.
“La creación de Dominó, a la fecha de hoy podemos decir que solamente en Dominó, en ese foco de esfuerzo de ocho establecimientos, se incautaron 6.900 celulares, 6.000 armas blancas, 23.000 litros de licor y alrededor de 451.000 gramos de estupefacientes. Esto únicamente en los ocho establecimientos dedicados a los 35 actores criminales”, dijo el Coronel Gutiérrez.
La extorsión desde las cárceles es el tema que más preocupa a las autoridades y en ese sentido están enfocados los esfuerzo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para la operación ‘Dominó Segunda Fase’.
“La Proyección Dominó Segunda Fase, es a través de la investigación podemos determinar cómo ingresan los teléfonos. Seguramente hay complicidad de los funcionarios, pero hay otras modalidades, como el lanzamiento desde afuera, como el ingreso a través de las visitas, como el ingreso a través de las encomiendas. Entonces es lo que queremos empezar a establecer. ¿Cómo ingresan los teléfonos? ¿Cuáles son las rutas de ingreso?, ¿Cuánto cobran por el ingreso de un teléfono?, ¿Cuánto cobran por mantener un teléfono en la cárcel?”, dijo Gutiérrez.
En ese sentido, el director del INPEC, explicó, “hoy en día el ingreso de un teléfono a una cárcel es una falta disciplinaria, no es penal. Pero si logramos demostrar que el ingreso de un teléfono es para el uso de una actividad criminal, empieza a ser un tema penal”.
Otra de las apuestas del INPEC, para la lucha contra la extorsión consiste en eliminar los inhibidores de señal instalados en las cárceles y transferir la responsabilidad de manejar las comunicaciones a los operadores móviles.
