La JEP desvela la verdad sobre los falsos positivos en el Huila

Neiva

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sacado a la luz pública una verdad que por años ha marcado la vida de cientos de familias huilenses: la sistematicidad de los falsos positivos en el departamento. A través de las audiencias de reconocimiento, se ha evidenciado cómo miembros de la fuerza pública perpetraron ejecuciones extrajudiciales, presentando a civiles inocentes como bajas en combate. Este informe detalla los hallazgos más importantes de la investigación y su impacto en la región

La JEP ha determinado que los falsos positivos en el Huila no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia estatal que se extendió por décadas, desde 1984 hasta 2012. Los testimonios de militares y víctimas han permitido reconstruir cómo se planificaron y ejecutaron estos crímenes, revelando la existencia de órdenes superiores y la participación de múltiples unidades militares.

La Jurisdicción Especial para la Paz, entrego los siguientes datos detallados de la audiencia:

- Total de hechos investigados en el periodo 1984-2012: 157 (con 307 víctimas)

- Número total de personas (presuntos victimarios) que aparecen relacionadas con los hechos: 692

- Cantidad de personas remitidas para estudio a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas: 640

o 453 mencionadas en informes, investigaciones o versiones

o 84 personas que solicitaron a la JEP su sometimiento voluntario por hechos relacionados con el departamento del Huila

o 103 personas que fueron llamadas a rendir versión voluntaria pero que no fueron considerados partícipes determinantes de las conductas determinadas en el periodo priorizado

- Periodo priorizado: 2005 a 2008 (sobre el que tratarán los hechos de la audiencia)

- Total de hechos investigados en el periodo priorizado (2005-2008): 108 (con 200 víctimas muertas y 8 sobrevivientes)

- Casos en el patrón de estigmatización: 58

- Casos en el patrón de vulnerabilidad: 16

- Casos en el patrón de falsas operaciones contra delincuencia común: 34

- Casos imputados por desaparición forzada en el periodo priorizado: 32

- Número de personas que siguen desaparecidas (personas no identificadas): 11

- Víctimas menores de edad en el periodo investigado total: 22

- Víctimas menores de edad en el periodo priorizado: 13

- Víctimas mujeres en el periodo investigado total: 9

- Víctimas mujeres en el periodo priorizado: 6

- Número de personas llamadas a versión voluntaria: 130

- Comparecientes forzosos (que no habían sido requerido s previamente por la justicia) que rindieron a VV: 55

- Sentencias condenatorias en firme por los hechos cuando se inició la investigación en JEP: 15

- Comparecientes que reconocieron responsabilidad ante la JEP: 79

- Máximos responsables que reconocieron responsabilidad: 30

- Comparecientes forzosos que reconocieron responsabilidad: 14

- Comparecientes que reconocieron responsabilidad y que participarán en la audiencia de reconocimiento: 74

o Máximos responsables: 28

o Partícipes no máximos responsables: 46

Impunidad y búsqueda de verdad

Durante años, las familias de las víctimas buscaron justicia sin encontrarla. La JEP ha sido fundamental para romper el muro de silencio y comenzar a reparar el daño causado. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en términos de reparación integral y garantías de no repetición.

Consecuencias para las víctimas y la sociedad

Los falsos positivos han dejado profundas cicatrices en las comunidades del Huila. Las familias de las víctimas han sufrido pérdidas irreparables y han vivido en la incertidumbre por años. Además, estos crímenes han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y han obstaculizado la construcción de una paz duradera.

Conclusión

La revelación de la verdad sobre los falsos positivos en el Huila es un paso fundamental hacia la reconciliación y la construcción de una justicia transicional efectiva. Sin embargo, es necesario que las instituciones estatales continúen trabajando para garantizar que los responsables de estos crímenes sean sancionados y que las víctimas reciban una reparación integral. Además, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.