Fallo de la Corte ordena alternativa laboral a vendedor ambulante con VIH en Armenia

En Armenia establecerán corredores de ventas autorizados en para disminuir las afectaciones actuales con la informalidad. Una de las mayores problemáticas de movilidad tiene que ver con la invasión del espacio público por parte de la venta ambulante enfocado especialmente en el centro de la ciudad.En las últimas horas se llevó a cabo una mesa de trabajo con los entes de control y las autoridades para conocer las estrategias que se vienen realizando c on el fin de dar cumplimiento a la acción popular para la recuperación del espacio público. El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago indicó que avanzan con las acciones pertinentes encaminadas a garantizar los derechos de los vendedores, pero que sea de una manera ordenada y sin afectar a la comunidad en general. Destacó que la idea es que exista una uniformidad con acompañamiento de las autoridades para establecer los corredores para que los vendedores se puedan ubicar, pero realizando los controles.Agregó que han realizado caracterización de los vendedores en la ciudad identificando a 654 en sus diferentes sectores como c acharro, alimentos preparados, perecederos, tinteros, revisteros entre otros. Además, el funcionario se refirió al pronunciamiento de la Corte Constitucional a raíz de una acción de tutela interpuesta por un vendedor ambulante con VIH por la vulneración de sus derechos.Precisamente un vendedor ambulante que vive con VIH y que trabaja en el centro de la ciudad interpuso una acción de tutela al considerar que sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad fueron vulnerados como resultado de una serie de intervenciones en el espacio público.Además, evidenció que la alcaldía no le ofreció al accionante ninguna alternativa laboral o de reubicación, pues las soluciones de ese tipo fueron enfocadas en los trabajadores informales identificados y censados en el marco de la acción popular previa. La corte ordenó a la alcaldía de Armenia que en un término no superior a 10 días ofrecerle una alternativa económica, laboral o de reubicación, en la cual se tenga presente la situación de salud del vendedor ambulante.También exhortó a la alcaldía de la ciudad a que formule una política pública integral, eficaz y suficiente , en la que tenga en cuenta a aquellas personas que no se encuentran registradas en el censo ordenado por el Juzgado 4 Administrativo de Armenia. El secretario afirmó que es un precedente importante lo que obliga a estudiar el fallo en cuanto a las implicaciones para dar el cumplimiento a cabalidad.Recordemos que el fallo de la Corte también reconoció la autonomía de la administración para definir políticas, programas y medidas de apoyo a la población que ejerce ventas informales, pero enfatizó la obligación de crear políticas que contengan alternativas económicas adecuadas para estas personas, considerando las particularidades de cada caso.