Piden abrir incidente de desacato a presidente Petro por no nombrar expertos de la CREG
La Procuraduría elevó la solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando que el presidente y el ministro de Minas, habían incumplido una orden judicial que les otorgó un plazo para realizar los nombramiento.
Judicial
La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrir un incidente de desacato contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, por incumplir con los nombramientos de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La procuradora Ana Margoth Chamorro, quien presentó la petición, señaló que los dos funcionarios incumplieron una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Concejo de Estado, que les ordenó, realizar los nombramientos con plazo máximo hasta el pasado 20 de junio, pero a la fecha no se han realizado.
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“Abrir incidente de desacato contra el Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y contra el Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, por incumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de 2024, confirmada por el Consejo de Estado mediante providencia del 2 de mayo de 2024, notificada el 6 de mayo de 2024, que ordenó dar cumplimiento al literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, realizando las gestiones y acciones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con 6 expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva”, dice el documento.
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Ademas, señalan que no se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de minas y energía, ni por la Presidencia de la República “para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo, uno de los cuales venció el 2 de julio y el otro vencerá el 11 de julio, ni se han publicado las hojas de vida de los posibles aspirantes”.
Por lo anterior, el Ministerio Público busca que la justicia obligue a los funcionarios a realizar los debidos nombramientos de expertos de la CREG.
