Informe “Escucha la paz”: ¿realmente se hizo trizas el Acuerdo de 2016?

Hoy en Hora20 el análisis a un reciente informe del PNUD que revela la percepción de 11 mil habitantes de los municipios PDET sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Se habló de los contrastes en la percepción entre estos territorios y las ciudades capitales, los avances en implementación, la esperanza de muchos en que la paz se materialice, los retos en justicia, verdad y confianza, así como lo que viene para las nuevas negociaciones.

El informe consulta a 11.820 personas en los 72 municipios de las 16 subregiones PDET y a 1.175 personas en cinco ciudades capitales. El dato más revelador es que la percepción sobre la satisfacción en la implementación del acuerdo de paz en estos municipios mejoró 22,3 puntos porcentuales desde 2021, pues el 58,2% dice estar satisfecho con la implementación, una cifra que en las ciudades es del 40%. No obstante, hay enormes retos, pues el 79% considera que el conflicto armado persiste o puede volver. En Catatumbo el 95% considera que el conflicto persiste, mientras que en Montes de María el 41% considera que el conflicto no volverá a su territorio. Además, cayó en 6.6 puntos porcentuales la percepción en la capacidad transformadora que tiene la implementación de los PDET.

Otro de los dato relevantes está relacionado con el actor que imparte justicia, pues el Estado como actor que imparte justicia cayó 20 puntos entre el 21 y el 23, mientras que el 22,4 considera que son los armados los que imparten justicia, una cifra que dos años atrás era solo del 8,8%. Un tema que preocupa es la falta de conocimiento en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo con Farc, pues el 54% desconoce qué es la JEP. Además, el 80% de las víctimas en municipios PDET, dice no haber recibido reparación por parte del Estado.

Este escenario de implementación abre puertas a lo que son futuras negociaciones, pues el 82,1% de las personas en municipios PDET cree que la salida del conflicto es a través de la vía negociada, una cifra que en las ciudades es solo del 52,2%, sin embargo, al 64% no le gustaría participar en los escenarios de diálogo y participación de la negociación con el ELN.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, periodista, analista y columnista en El Espectador, planteó que las ciudades está la gente con mayor acceso a los medios y con conciencia crítica para hacer seguimiento a los indicadores de implementación, “es en las ciudades donde también más cae la popularidad del Presidente”. Planteó que tal vez no todos los pacifistas votaron por Petro, pero todos los electores de paz pueden ser propaz y el hecho de elegir un presidente de izquierda, indica que la gente ve algo de sintonía con la implementación del Acuerdo, “llama la atención el escepticismo sobre la justicia transicional y esto coincide con el Barómetro de las Américas. El tema del perdón ha dejado de estar en el radar y la gente siente que el conflicto armado sigue”.

Detalló que en Montes de María se ha visto otro tipo de intervenciones que no es un acercamiento del Estado, “pero sí se han dado procesos de compromiso cívico y se ha convertido en un lugar en el cual uno piensa que es posible estar, pero uno no ve intervenciones en el Catatumbo”.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, esta encuesta del PNUD es una gran sorpresa porque como se ha estado en un debate caliente desde la firma del Acuerdo relacionado en que el gobierno pasado los incumplimientos o en este que se dice que no se puede cumplir, “que llegue esta información de la gente beneficiada sobre transformaciones territoriales en zonas donde hay más afectación del conflicto, nos envía un mensaje. El mensaje es que hemos creado una narrativa sobre el incumplimiento”. Resaltó que obviamente no vamos al ritmo que deberíamos, pero vamos a mitad de camino, “este Gobierno ha dicho que ya se incumplió, que es un hecho. Entonces la gente sigue esperando que se cumpla y reconoce que ha habido cumplimientos”.

Comentó que sorprende los números en Catatumbo cuando era la zona piloto en el gobierno pasado, “hubo enormes inversiones, pero es una zona en negativo frente al avance de implementación; es una paradoja y es una zona donde hay coexistencia ELN y EMC y donde no hay necesariamente altos niveles de violencia”.

Sara Ferrer, representante residente del PNUD en Colombia y licenciada en ciencia política y administración, comentó que lo más relevante del informe es que desde 2019 se recoge las voces de las personas que viven en municipios PDET, “allí la paz se vive de manera distinta y se ve dependiendo de donde uno vive”. Resaltó que esta es una encuesta de percepciones y que las percepciones que tienen las personas condicionan sus expresiones y decisiones individuales y colectivas. Destacó que hay seis hallazgos, hay mejoras, pero también desafíos, “lo mejor es no mirar valores absolutos, pero sí tendencias. Aumentó el número de personas del 36% al 58% que siente algún grado de satisfacción en la implementación del Acuerdo”.

Resaltó que los municipios que puntean con mayores avances y percepción de bienestar son Montes de María, Putumayo y sur de Córdoba, “no es que todo vaya bien, pero se muestra mayor satisfacción”. De otro lado, dijo que en las ciudades valoran menos la satisfacción con el acuerdo, quizás porque lo ven más lejano y no ven los dividendos de la paz, “pero al tiempo las ciudades tienen mayor intención de participar en procesos de paz”.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado y columnista en El Tiempo, destacó que el informe dice que estamos llegando con herramientas del Estado, “la gente ve que hay titulación, pero también dificultades en justicia y que hay herramientas suficientes para que en municipios PDET se sienta que hay Estado”. Comentó que este Gobierno no utiliza este camino que se trazó con el Acuerdo de paz, “por el contrario, el gobierno ha tomado decisiones que demuestran nulo interés de la implementación del Acuerdo. Hoy aumenta el número de personas que hacen parte del conflicto y que están en organizaciones armadas”.

De otro lado, recordó que el EMC ha pasado a tener 4 mil miembros, la Segunda Marquetalia crece en 500, ELN en 1.000 y Clan del Golfo en 1.500, “esta semana un informe señalaba lo que pasaba en Jamundí y Cauca, la vía que conecta a Buenaventura para sacar drogas, pero si en Cauca hay carnet, si no puede entrar con casco, si debe ir con los vidrios abajo y si debe hacer trabajo forzado, la pregunta es, ¿quién es el Estado? ¿El gobierno o los grupos armados al margen de la ley?”