EPS Sanitas: avance de acciones judiciales y respuesta a los hallazgos de Supersalud

Caracol Radio consultó fuentes que conocen de cerca el proceso legal que adelanta Keralty (dueño de EPS Sanitas) ante diferentes instancias para recuperar la administración de la Empresa Promotora de Salud intervenida. La Superintendencia Nacional de Salud intervino Sanitas el pasado 2 de abril, removió su junta directiva y eliminó competencias de los accionistas de la empresa.

En la Fiscalía General de la Nación se espera que, en el lapso de un mes y medio, se citen varios testigos y probablemente al Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, a interrogatorio. Es necesario recordar sobre este proceso que la denuncia interpuesta por el apoderado de Keralty, Juan David Riveros, se unió a otras investigaciones que de oficio había iniciado la Fiscalía.

Ante el Consejo de Estado, se deben resolver solicitudes de medidas cautelares de suspensión provisional del acto administrativo que decretó la intervención, esto como resultado de al menos tres demandas que se conoce han presentado diferentes personas. Sobre la resolución de este proceso la ventana de tiempo indica que podría tomar entre 1 y 2 meses.

En el escenario internacional, se radicó una notificación de disputa por la posible afectación a la inversión extranjera. Hay plazo de 6 meses para el desarrollo de unas denominadas conversaciones amigables. Según lo que conocimos, el Ministerio de Comercio manifestó intención de sentarse a dialogar con el Grupo Keralty y realizar la primera reunión de este tipo, pero aún no hay una fecha concreta para el encuentro.

¿Qué posición tiene Grupo Keralty frente a los hallazgos de la Superintendencia de Salud?

En el marco de estos procesos judiciales, recientemente se conocieron los primeros hallazgos que presentó la Superintendencia Nacional de Salud sobre irregularidades en el uso de recursos por parte de la EPS Sanitas. Entre otros asuntos, el ente de control denunció que hubo gastos injustificados por cerca de $150.000 millones de pesos y que los recursos se estarían usando inadecuadamente para contratos de arrendamiento o gastos operativos.

Las fuentes consultadas en Caracol Radio también han estado al tanto de la posición que Keralty y su directiva ha tomado frente a estos hallazgos.

Frente a lo anterior, indican que los contratos de arrendamiento y gastos de operación se han registrado en una reorganización de cuentas contables (técnicamente llamado sesión de pasivos, contratos y activos). Sostienen que, el efecto en los estados financieros es neutro y en ningún caso los gastos administrativos superan el límite del 10% del valor de la UPC. Igualmente es claro que respecto de la integración vertical este mecanismo no excede el 30% que es permitido por la ley y aseguran que el nivel más alto que han tenido en este indicador llega al 27%.