Incautaron bienes por más de $3.000 millones a exfuncionarios de Daniel Quintero
Los implicados, exfuncionarios de Metroparques y del Área Metropolitana, son investigados por presunta corrupción.
Este es uno de los lujosos vehículos sometidos a extinción de dominio por la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación adelantó un proceso de extinción de dominio a varios carros, apartamentos y casas de lujo, valorados en $3.000 millones y que habrían sido adquiridos con dineros procedentes de hechos de corrupción por parte de dos altos exfuncionarios y excontratistas de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Se trata de los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, investigados por presuntamente malversar recursos públicos a través de contratos firmados sin cumplimiento de los requisitos legales para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
En ese proceso, también quedaron involucrados Alfonso Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y exfuncionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder).
En total fueron 23 los bienes incautados en el operativo, propiedad de exfuncionarios y contratistas de Metroparques en los que se referencian cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos, ocho vehículos y tres sociedades que se encontraban en Medellín, Girardota, Copacabana, Marinilla y Urrao.
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También fueron incautados otros 21 bienes que pertenecerían a exfuncionarios del Instituto Departamental de Deportes en Antioquia (Indeportes), ya condenados por corrupción.
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Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría ‘Todos por Medellín’, recordó que desde el año anterior denunciaron hechos de corrupción entre Metroparques y el Área Metropolitana. Además, dijo que espera que se esclarezcan otros casos de este tipo durante la alcaldía de Quintero.
Hay que recordar que por el caso del Parque de las Aguas ya avanza un proceso penal en el que la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación y uso de documento falso.
Esta extinción de dominio adelantada por la Fiscalía busca según el ente de control, proteger los recursos públicos y esclarecer hechos de corrupción durante los últimos cuatro años en Medellín.
