Juicio a Chiquita Brands finaliza este viernes en Estados Unidos

Medellín, Antioquia

Luego de más de un mes de audiencias en un tribunal del sur de la Florida, en Estados Unidos, este viernes los apoderados de las víctimas y los de la multinacional Chiquita Brands presentarán sus argumentos de cierre para que el jurado decida la responsabilidad de la empresa bananera en la financiación de las actividades criminales de las autodefensas en Urabá y la relación con los casos específicos de cada una de las nueve víctimas que hacen parte de este proceso puntual.

Si bien por lo menos 7 mil personas han interpuesto diferentes tipos de denuncias relacionadas con acciones delincuenciales perpetradas por los paramilitares en Urabá y el Magdalena Medio, de acuerdo con analistas que han documentado el caso, para este juicio hay una representación específica con estas nueve víctimas, a quienes les asesinaron familiares y sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de las AUC.

Uno de los objetivos en este proceso es que las víctimas reciban indemnización por parte de la multinacional, que tuvo presencia en Urabá a través de su empresa Banadex, la cual ya había sido condenada en 2007 porque se comprobó que habían entregado por lo menos 1,7 millones de dólares a los paramilitares entre 1997 y 2004. Sin embargo, en ese momento la multa de 25 millones de dólares que debieron pagar se quedó en Estados Unidos y no hubo ningún tipo de reparación para las víctimas en Colombia.

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“La reparación económica está incluida en esta clase de responsabilidad. El trabajo va a ser para el jurado, que debe decir qué responsabilidad civil va a tener la empresa. Por supuesto yo creo que esto cambia mucho el panorama para todo el resto de casos”, explicó la abogada Tatiana Devia, consultora que documenta el caso.

Se espera que tras la presentación de los argumentos de cierre de cada una de las partes, el jurado entregue pronto su decisión sobre los casos de cada una de las víctimas que hacen parte del juicio.

Las víctimas

Son múltiples las denuncias y solicitudes de reparación que han hecho miles de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y Magdalena Medio. Y son varios los procesos que se han adelantado en Estados Unidos. Sin embargo, para este caso, la justicia norteamericana agrupó varias de estas denuncias interpuestas en varios estados y finalmente son nueve las víctimas que hacen parte de este juicio, que inició el 30 de abril.

Entre estas víctimas se cuentan familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, líderes sociales, defensores de derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, a quienes las autodefensas les asesinaron sus seres queridos.

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Con estas víctimas, quienes hicieron sus declaraciones algunas de forma presencial y otras virtual, la defensa pretende explicar los patrones de macrociminalidad de las Autodefensas y que se entienda que los pagos que la multinacional bananera hizo a los paramilitares habrían contribuido con acciones criminales, como los asesinatos de sus familiares.

Precisamente por esto, alegan las víctimas, deben ser reparadas; solicitud que en muchos de los casos viene desde 2007, luego de la condena y el cobro de la multa a Chiquita Brands que sirvió para que reconocieran una responsabilidad, pero no para que ese dinero llegara para reparación Urabá y magdalena Medio.

Los apoderados de las víctimas también han tenido como reto, durante este proceso, que el tribunal tenga en cuenta sentencias que se han emitido en Colombia por medio de Justicia y Paz y que se considere el contexto de violencia paramilitar en que ocurrieron todos los actos criminales que padecieron quienes reclaman su reparación.

Para esto, al inicio del juicio presentaron una línea de tiempo que incluía:

• La llegada de Chiquita Brands a Colombia.
• Su crecimiento corporativo en un contexto de violento conflicto armado.
• Los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia.
• La presunta responsabilidad por la violencia y crímenes cometidos por las AUC.
• El reconocimiento por parte de la multinacional de un cargo criminal federal de Estados Unidos en 2007 por los pagos ilegales realizados a las AUC.

Además de las declaraciones de los demandantes sobre sus casos personales, también incluyeron la declaración de Carlos Bello, un extrabajador de seguridad de la empresa bananera, quien describió como presuntamente las AUC enviaban armas a través del puerto de Chiquita Brands. También aseguró que vio personalmente uno de los pagos realizados por la empresa a las Autodefensas y señaló que esto no fue un pago hecho bajo amenazas: “Extorsión es cuando algo es obligatorio, mandatorio. Pero cuando se hace voluntariamente, no es extorsión”.

También incluyeron el testimonio del antiguo jefe de contabilidad de Chiquita, William Tsacalis, quien habría admitido estar enterado de los pagos a las convivir, pero sin considerar que la empresa estaba siendo extorsionada o que los pagos se hicieran bajo amenazas. Y afirmó que no sabían qué hacían estos grupos con los recursos entregados por Chiquita.

¿Qué dice Chiquita Brands?

Durante la primera semana del juicio, Michael Cioffi, abogado de Chiquita Brands, hizo su declaración de apertura en la que afirmó que la multinacional también fue víctima de las AUC, explicando que los pagos realizados al grupo paramilitar, para la empresa fueron transparentes y quedaron registrados.

Versión que coincide con otras entregadas integrantes de la dirección ejecutiva y también de los sindicatos de la bananera, que aseguran que la compañía se vio obligada a realizar los pagos debido a la grave situación de orden público en la región de Urabá , por la presencia de varios grupos armados.

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Hermes Hernández, quien fue jefe de seguridad de Chiquita en Urabá, entre sus declaraciones explicó que empleados de la empresa habrían sido obligados por las AUC a participar en rifas, con dinero que era descontado de sus salarios por el secretario de la finca de Chiquita.

Por su parte, Fernando Aguirre, quien fue CEO de Chiquita en 2004, señaló que en ese año se le puso fin a los pagos a las autodefensas y ordenó el retiro de la empresa de Colombia, indicando que no entendía por qué la multinacional se había quedado tanto tiempo en el país en medio de esas circunstancias. Además, reafirmó que ya la compañía se había declarado culpable de un cargo criminal federal por financiar al grupo paramilitar.

Las declaraciones de exjefes paramilitares

Una de las primeras declaraciones de exjefes paramilitares conocidas en este juicio fue la Ever Veloza García, alias “HH”, quien declaró que los paramilitares habrían recibido órdenes de controlar la zona bananera, prohibir las huelgas y hacer persecución a sindicalistas, mientras que sus combatientes protegían a las multinacionales. También aseguró que las Convivir eran parte de la estructura paramilitar.

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Otra de las declaraciones fue la del antiguo comandante de las AUC, Raúl Hasbún, conocido como Pedro Bonito. Él habló del apoyo financiero que Chiquita les proporcionaba a través de las Convivir y dijo que los ejecutivos se reunían periódicamente con representantes de las autodefensas para discutir cuestiones financieras y de seguridad. Aseguró que el 60% de los fondos del bloque que dirigía procedían de los bananeros y no precisamente porque los hubieran obligado.

También se escuchó la declaración de Salvatore Mancuso, quien fue comandante de las Autodefensas, quien habló de la estructura paramilitar, detalló cómo fue la creación de las Convivir y el financiamiento a través de “impuestos” sobre actividades regionales y tráfico de droga, así como las contribuciones de Chiquita Brands.