Denuncian “copia y pega” en resolución que amplió intervención de la ESE Cartagena

Cartagena

La ESE Cartagena de Indias hace parte de la red pública de salud de la ciudad que se encuentra intervenida de manera forzosa por la Superintendencia de Salud desde el año 2021 a raíz la situación de alto riesgo que enfrentaba en materia financiera, de atención al público y otros aspectos de la integralidad que afectaron la calidad de la entidad .

Las intervenciones de la Supersalud se renuevan anualmente y para este 2024, hace pocos días, se emitió la resolución ejecutiva 151 que prorroga el control del ente nacional en la red pública de Cartagena.

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Este panorama ha generado graves inconsistencias en la motivación de la intervención e incluso en la misma redacción de la resolución que parecer ser elaborado sobre otro documento. La resolución 151 de Cartagena se refiere a la ESE del departamento de Amazonas que también está intervenida bajo la resolución 130, dejando en duda el análisis y estudio que se requiere para realizar este tipo de procesos.

Ademas, estas intervenciones tienen un término perentorio, pese a que son prorrogables, se estima que no podrían ser más de 2 años, es decir, dos prórrogas de 1 año cada una, so pena, si el Gobierno nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera, en razón de las características de la entidad. En la ESE de Cartagena, según el informe de rendiciones de cuentas publicado por el agente interventor, Jorge Eduardo Suárez Gómez las condiciones financieras de la red han mejorado.

En materia financiera, presentó la tabla numero 66, la cual tiene como fuente, el informe de gestión 2023, donde se hace un comparativo de la vigencia 2022 y 2023 en la que se observa un incremento de facturación notable.

Estás denuncias han sido presentadas en el Concejo de Cartagena, donde Mónica Villalobos ha manifestado su preocupación frente a la motivación del Ministerio de Salud para prorrogar la intervención.

“Hoy los motivos que dieron lugar a esta extensa intervención no existen, el mismo agente interventor lo está demostrando al manifestar la notable mejoría que ha sufrido la entidad durante su administración. No sabemos por qué persiste la prórroga. Esto carece de legalidad, si claramente no hay riesgo financiero, se formalizó el nivel contractual en un alto porcentaje, los equipamientos biomedicos de los UPA fueron comprados, la infraestructura mejoró, los PQRS disminuyeron de aproximadamente 600 a 200″, indicó la concejal Villalobos.

Asimismo, añadió: “Este tipo de actos administrativos tienen como fundamento dos razones de ser; el primero, que la entidad entre a liquidación; y el segundo, si es posible colocar en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones. Quiero recordarle a Luis Carlos Leal, superintendente de salud que cuando se demanda ante el Consejo de Estado la nulidad del acto administrativo que permite la intervención, la jurisdicción contencioso administrativa establece que si todo está bien se debe declarar la nulidad de esas resoluciones ejecutivas”, sentenció.

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Adicionalmente, el concejal Edgar Mendoza y Mónica Villalobos hicieron un llamado a la Personería Distrital para revise de forma minuciosa el acto administrativo que hoy tiene a la ciudad de Cartagena sin el control de su red pública de salud.