OIM espera que Colombia fortalezca sus capacidades a favor de población en riesgo

Bogotá

Con un informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) espera que Colombia evalúe y fortalezca sus capacidades institucionales para reducir riesgos de desplazados internos, excombatientes, migrantes y comunidades de acogida.

La organización intergubernamental asociada a la ONU, aspira que en el presente año el país ponga en practica su informe de recomendación titulado ‘Colombia Crisis Response Plan 2023-2024′, o en español ‘Colombia Plan de Respuesta Humanitario 2023-2024′.

Cómo los entes gubernamentales fortalecerán capacidades en materia de preparación y respuesta a situaciones de emergencia y crisis en todo el territorio nacional, en especial y como foco a poblaciones en riesgo. Todo con el apoyo de la misión internacional, en la recuperación sostenible, la estabilización comunitaria, la consolidación de la paz y su solidificación duradera.

Asegura el informe que la ‘Estrategia de País’ de la OIM Colombia para 2023-2024, apoya las tres áreas estratégicas priorizadas por el Gobierno Nacional como son consolidación de la paz y estabilización; la migración como factor de desarrollo; y por último, catalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Salvar vidas y proteger a las personas en movimiento

La OIM para nuestro país, describe a persona y entidades objetivo a, los sobrevivientes de conflictos de violencia (PDI, víctimas y comunidades de acogida), víctimas de amenazas naturales o afectados por el cambio climático, niños y adolescentes en riesgo (CH&A), funcionarios públicos de entidades gubernamentales contrapartes relacionadas con respuestas de emergencia y que responden a emergencias espontáneas u organizadas. flujos migratorios, comunidades rurales y de acogida, y desplazados internos, repatriados y migrantes internos.

El financiamiento requerido es de US$29.455.000 para 323 personas objetivo con 126 entidades, enfocadas en migrante interno, desplazado interno y población o comunidad local. De todo lo anterior sólo se ha confirmado el 25% de la financiación.

Soluciones motrices al desplazamiento

En este apartado la OIM habla de sobrevivientes de conflictos, desplazados internos, víctimas del conflicto armado, mujeres y niñas expuestas a riesgos de violencia de género (incluidos jóvenes y niños), comunidades rurales y de acogida, líderes sociales y comunitarios, excombatientes, comunidades étnicas y rurales, niños y adolescentes en riesgo , así como funcionarios públicos de entidades gubernamentales locales y nacionales.

El financiamiento requerido es de US$38.480.000 para 45.800 personas objetivo con 116 entidades, enfocadas en excombatiente o no, desplazado interno y población o comunidad local. De todo lo anterior sólo se ha confirmado el 82% de la financiación.

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A continuación el informe para Colombia de la OIM.

Artículo de contexto de la OIM para ‘Colombia Crisis Response Plan 2023-2024′

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia en 2016, el país aún enfrenta las consecuencias de cinco décadas de violencia. Hay 9,5 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales 8,5 millones son víctimas de desplazamiento forzado que requieren reparación y apoyo para la reintegración (Unidad de Víctimas, GdC).

Las víctimas de la violencia enfrentan altos niveles de pobreza: el 51% de las personas se encuentran por debajo del umbral de pobreza, cifra muy superior a la tasa de la población nacional (39%). En cuanto a la pobreza multidimensional, enfrentan privaciones principalmente en indicadores de educación, acceso a servicios públicos y mercado laboral. Por ejemplo, el 15,5% está desempleado y el 77% trabaja en la economía informal (Common Country Analysis, 2023).

En este sentido, continúan implementándose diversas actividades por parte del Estado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y Acuerdo de Paz de 2016, para garantizar el acceso de las víctimas a su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, incluyendo la creación de un marco legal, la implementación de programas y proyectos en el territorio, la promoción de la participación de las víctimas y sus organizaciones, y el diseño de una estrategia hacia soluciones duraderas para los desplazados internos. Asimismo, se implementarán estrategias de reintegración de excombatientes y de consolidación de la paz.

El contexto de Colombia está muy marcado por la violencia criminal de grupos armados no estatales que controlan la actividad económica ilegal, incluido el narcotráfico y la minería ilegal, aumentando así la violencia en regiones históricamente afectadas por el conflicto. Estos factores desencadenan asesinatos de líderes sociales, confinamientos ilegales, desplazamientos forzados y un alto riesgo de trata de personas y reclutamiento de niños (HNO 2023).

El Gobierno de Colombia (GdC) continuará implementando el Acuerdo de Paz de 2016 firmado con la guerrilla de las FARC y otros marcos legales como la Ley de Víctimas, relativos a la reintegración de excombatientes, la reparación de las víctimas y apoyando el desarrollo de capacidades del GdC para desarrollar acciones de construcción de paz y soluciones duraderas.

El Gobierno de Colombia inició la implementación de la Estrategia de Paz Total estableciendo una mesa de diálogo (noviembre de 2022) con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de negociar un acuerdo de paz. En agosto de 2023 se estableció un alto el fuego bilateral que se espera dure hasta enero de 2024. Este contexto plantea varios desafíos para el Gobierno de Colombia, como la continuidad de las acciones armadas, dado que la falta de un comando unificado del grupo ha dificultado la negociación en el pasado. Las facciones individuales a menudo actúan de forma autónoma, a veces a pesar de las objeciones de los altos comandantes. Además, los líderes del ELN han indicado que las actividades financieras del grupo, que según el gobierno incluyen secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y minería ilegal, no se detendrán. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia monitoreará el esfuerzo bajo un mandato del Consejo de Seguridad, y podría requerirse cooperación internacional para brindar asistencia durante las diferentes etapas de la negociación, incluida asistencia técnica en el diálogo.

La guerra en Ucrania continúa afectando la economía global, generando una alta inflación y afectando la capacidad de las comunidades afectadas por la crisis para hacer frente a la crisis en Colombia. Además, los incidentes de conflictos armados han experimentado un aumento: OCHA emitió 67 alertas humanitarias en 2023, siendo los dos eventos más comunes el desplazamiento forzado y el confinamiento, y 714.900 personas se vieron afectadas por la violencia armada entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2023 (OCHA Monitorear, 2023).

Los peligros naturales y el impacto del cambio climático constituyen factores clave para la migración y el desplazamiento y profundizan la crisis en regiones donde las personas se ven afectadas negativamente por múltiples crisis; 152.500 personas han sido impactadas entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2023, principalmente por fuertes lluvias e inundaciones, sequías, temporada de huracanes, entre otros (OCHA Monitor, 2023). Con el inicio del fenómeno de El Niño (que se espera sea tan adverso como el de 2015/16), se esperan los siguientes impactos: sequías y aumento de temperatura, escasez de fuentes de agua, aumento de enfermedades transmitidas por vectores, acceso reducido a escuela y la disminución de los caudales de los ríos que afectan las fuentes de alimentos y las cadenas de suministro. Por lo tanto, también es necesario apoyar las acciones, medidas y recursos de adaptación al cambio climático para evitar y minimizar el desplazamiento y fortalecer la resiliencia de las personas.

En consecuencia, la cifra de personas necesitadas para 2024 aumentará a 8,3 millones de personas (HNO 2024, datos preliminares). Además, las crisis múltiples (regiones afectadas simultáneamente por conflictos armados, peligros naturales y que también experimentan la llegada de migrantes en destino o en tránsito hacia los EE. UU.) siguen siendo un factor determinante en el contexto de la crisis, afectando el acceso humanitario, el empleo informal y falta de disponibilidad de servicios básicos de alta calidad.

Colombia alberga aproximadamente 2,89 millones de migrantes y refugiados de la República Bolivariana de Venezuela (Migración Colombia), y un número cada vez mayor de migrantes en tránsito: más de 500.000 personas (que además ingresaron a Panamá de manera irregular a través del Darién, según el Informe Nacional Servicio de Migración Panamá ). Este contexto ha tenido un efecto significativo en el país considerando que estas poblaciones llegaron a zonas con necesidades económicas existentes e instituciones con capacidad limitada para respuestas adecuadas, y dado que estos flujos irregulares también están asociados con grupos armados ilegales, narcotraficantes y contrabandistas que colocan a los migrantes. en mayor riesgo. Pese a la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela como consecuencia de la reactivación de las relaciones diplomáticas, tras más de cuatro años de cierre, no se esperan retornos masivos en 2024. La OIM y el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) prevén que Para finales de 2024, cerca de 3,2 millones de venezolanos estarán residiendo en Colombia.

La respuesta de la OIM se basa en los siguientes supuestos clave de planificación:

1. Las comunidades afectadas por el conflicto armado y/o los habitantes de zonas rurales seguirán teniendo escasas oportunidades de generación de ingresos;

2. Restricciones significativas en el acceso a servicios y bienes básicos y reducción de los medios de vida;

3. La implementación del Acuerdo de Paz continuará con énfasis en la estabilización comunitaria y la consolidación de la paz;

4. La movilidad humana seguirá siendo dinámica, específicamente el desplazamiento interno debido a conflictos internos y peligros naturales;

5. Las necesidades humanitarias seguirán siendo elevadas;

6. En las provincias que salen de un conflicto habrá oportunidades para apoyar soluciones duraderas; y

7. Las condiciones de seguridad se deteriorarán durante las negociaciones de paz con actores armados ilegales, como ha ocurrido durante procesos de paz anteriores.

Las cifras corresponden al 31 de diciembre de 2023 y más detalles sobre la capacidad operativa de la OIM en el país.