La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Instrucción del alto tribunal, estableciendo que esta última es la competente para llevar adelante la investigación contra el embajador Armando Benedetti por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Es importante recordar que Armando Benedetti, quien actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha sido una figura controversial en la política del país.

Por esto su carrera ha estado marcada por su papel como senador y su influencia en diversas decisiones políticas. Sin embargo, las acusaciones de enriquecimiento ilícito han puesto en tela de juicio su integridad y han generado un debate considerable en la esfera pública y judicial del país.

¿De qué se trata el delito de enriquecimiento ilícito de servicio público?

Según el Código Penal colombiano, se configura cuando un funcionario público incrementa injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de su cargo. Este tipo de delito es perseguido, dado que atenta contra la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.

Conflicto de Competencia

El conflicto de competencias surgió cuando la Fiscalía como la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reclamaron la jurisdicción para investigar y procesar a Benedetti.

Por su parte la Fiscalía argumentaba que, dado que Benedetti ya no ejercía su cargo de senador al momento de iniciar la investigación, era su responsabilidad adelantar el proceso.

Por otro lado, la Sala de Instrucción sostenía que, dado que los hechos imputados ocurrieron mientras Benedetti era senador, la competencia recaía en esta instancia de la Corte Suprema, que tiene la potestad de investigar a los aforados constitucionales.

La Sala Plena de la Corte Suprema intervino para resolver este conflicto. En su fallo, determinó que la Sala de Instrucción es la competente para llevar adelante la investigación, basándose en el hecho de que los presuntos actos delictivos se habrían cometido durante el ejercicio de su cargo como senador.