Aparecen más irregularidades en el Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC

Tunja

En medio de crecientes preocupaciones, profesores del Instituto Internacional de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) han hecho eco de denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión administrativa y académica de la institución. Las acusaciones, han generado un profundo malestar entre la comunidad educativa.

Los docentes Lizeth Larrota Moreno, Andrés Martínez Vargas y Michael Robayo, han dado voz a las inquietudes que aquejan a los profesores que laboran en el Instituto. Estos educadores, quienes desempeñan un papel crucial en la formación lingüística de los estudiantes, han compartido su perspectiva sobre la situación actual.

¿Qué está pasando con los docentes?

Lizeth Larrota Moreno, profesora del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, señala “como docentes, hemos estado denunciando presuntas irregularidades dentro del Instituto Internacional de Idiomas. se han desviado recursos a cuentas privadas donde los estudiantes pagan por cursos que, según los estándares de calidad, no se están impartiendo. Esto está perjudicando la reputación de la UPTC. Además, hemos experimentado una persecución laboral, donde en diferentes instancias se nos ha dicho que el Instituto va a cerrar y que nuestra contratación ya no es necesaria”.

“Nosotros, como docentes, pasamos por un proceso de selección y deberíamos tener garantizada una contratación de 11 meses, según la normativa. Sin embargo, estas acciones no solo afectan nuestra estabilidad laboral y nuestra capacidad para enseñar”, dijo Larrota.

Michael Robayo, docente del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC comenta que labora desde el 2022. “Inicialmente, me uní como profesor catedrático y desde mediados de 2023 me convertí en docente de tiempo completo. Me presenté a la convocatoria del Instituto, lo que implica ciertos beneficios, incluyendo una contratación no inferior a 11 meses, como se establece en el Acuerdo 096 de 2019 y el nuevo Acuerdo 048 de 2023. Sin embargo, al llegar, nos encontramos con que nos ofrecieron un contrato de 4 meses. Este tipo de contrato se suele otorgar a profesores que no son seleccionados a través de convocatorias, sino que son contratados directamente por necesidad”, y es que Robayo, no es el único docente al que la universidad le otorgo un contrato por los cuatro meses, sino que son 12 profesores los que vienen trabajando de esta manera.

“Casualmente, vimos en una de las redes sociales del instituto que había 141 profesores en total. ¿Cómo justifican entonces que no hay necesidad de contratar a los 13 que estamos allí por convocatoria y que se nos garantice una contratación de al menos 11 meses, con los beneficios correspondientes? A principios de año, presentamos un derecho de petición argumentando que teníamos derechos adquiridos a través de la convocatoria. No estamos pidiendo nuevos derechos, sino que se respeten los que obtuvimos por mérito”. Finaliza Robayo.

Andrés Martínez Vargas, también es profesor del Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC “Estoy vinculado con el Instituto desde el 2022. Primero estuve en la seccional de Chiquinquirá y luego pasé a través de la convocatoria, al igual que el profesor Michael. También me encontré con la sorpresa este año de que mi contrato era por 4 meses, a pesar de que se supone que deberían garantizarme 11 según los acuerdos institucionales. Además, encontramos estudiantes asistiendo a los cursos que no están formalmente inscritos, lo que hace aún más evidente la necesidad de nuestros servicios.”

¿Qué pasó con el derecho de petición?

Los docentes no recibimos respuesta al derecho de petición, por lo que recurrieron a una acción de tutela. “Ocho profesores se han unido a esta acción, mientras que otros tienen miedo de represalias por parte del instituto o de la universidad si se unen”, dice Robayo. Existe la necesidad del servicio, como lo han reconocido las directivas en las actas del comité técnico, donde están representados el director del Instituto y los representantes estudiantiles.

A lo que las directivas han respondido argumentando que también tienen derecho a la autonomía universitaria. Sin embargo, los docentes consideran que están violando sus propios acuerdos y políticas.

“Los profesores hemos instaurado una acción de tutela, que ya ha sido admitida, y sabemos que tendremos buenos resultados porque estamos hablando con la verdad. La falla en la contratación y en las garantías que nos dan es evidente, se supone que tenemos un tipo de contrato en el cual tenemos unos derechos adquiridos. Uno de esos derechos es el acceso a cursos de extensión, que forman parte de nuestra carga académica. Sin embargo, no se nos están otorgando estos cursos, a pesar de que tenemos el derecho. Estos cursos se están dando a otras personas, a pesar de que nosotros, que estamos por convocatoria, cumplimos con los requisitos establecidos por la universidad”, finaliza Larrota.

¿Y los estudiantes?

“Una vez que nosotros descubrimos esta anomalía, comenzamos a solicitar a los estudiantes que se inscribieran formalmente en los cursos para que aparecieran en nuestras listas y pudiéramos subir las notas definitivas. Entonces, una vez que esto sucedió, muchos compañeros que no estaban vinculados por convocatoria, como mencionó el profesor Michael, fueron contratados por necesidad del servicio una o dos semanas después de que comenzamos a trabajar en este primer semestre de 2024″ dijo Martinez.

¿Qué ha pasado con la asignatura ‘Requisito de Prueba de Inglés B1′?

Los estudiantes que presentaron la denuncia, un grupo que lo hizo desde 2020, señalan otra anomalía cuando apareció una asignatura llamada ‘Requisito de Prueba de Inglés B1′, la cual fue creada y verificada.

“Durante los más de 15 años en que el director estuvo en el cargo, han surgido diversas normativas. Algunas establecen que el requisito para graduarse son los niveles de lengua, pero dentro de las modificaciones que se hacen en otros nuevos acuerdos y resoluciones, aparece el requisito de idioma extranjero. Esto se menciona en la resolución 102″. Comenta Larrota

“Cuando un estudiante entra a la universidad, lo hace bajo una normativa específica a la que debe adherirse. Sin embargo, si hay cambios en esa normativa, no se les puede aplicar a los estudiantes que ingresaron bajo reglas diferentes”. Sin embargo, en el sistema de registro de notas, donde se ingresan los niveles de lengua extranjera o los requisitos, hay vacíos. “El director no ha aclarado estos vacíos, por lo que los estudiantes no saben cuál es su requisito. Dentro de esta resolución, la resolución 102, se establece que el requisito ahora es un nivel B1, pero no hay claridad sobre cómo se evalúa ese nivel. A veces se menciona que se aceptarán las pruebas SABER PRO”, dijo Larrota. Aquí es donde comienza la confusión. Los estudiantes que ingresaron con una normativa anterior pueden encontrarse con información incorrecta en el sistema.

“Además, cabe aclarar que los docentes contratados por convocatoria ofrecen formación en lengua extranjera de forma gratuita a los estudiantes inscritos en la materia. Sin embargo, los cursos intensivos que ofrece el Instituto no cumplen con esta normativa. Para impartir estos cursos se requiere una contratación diferente, pero se están utilizando recursos públicos e instalaciones de la universidad, así como docentes pagados por la universidad”. Finaliza la docente.

¿Por qué se está utilizando una cuenta bancaria privada y no la institucional?

“Al parecer, se está utilizando esta cuenta para recolectar dinero de los estudiantes de pregrado, posgrado y de la comunidad en general, para la cuenta privada de International Language. Sin embargo, los docentes, quienes deberían ser beneficiados, no están recibiendo estos cursos” señala la docente Larrota.

“Hemos presentado quejas ante control interno disciplinario, incluso también por la evaluación docente, que no se ha llevado a cabo. Sin embargo, institucionalmente, a la universidad y a la administración no les parece grave. Cuando nosotros iniciamos procesos, como el proceso en control interno disciplinario por la convocatoria o la mala evaluación de los docentes, o por el maltrato dentro del instituto, no ha sucedido nada. Por eso, hemos decidido seguir mostrando la verdad” comenta Martínez

“No queremos decir que necesitemos esos cursos, sino que cuestionamos por qué se están contratando externamente cuando el Instituto tiene sus propios docentes. Actualmente, hay 141 docentes contratados, a pesar de que nosotros también podríamos impartir estos cursos con la calidad que la institución merece y con las horas necesarias para adquirir un nivel de lenguaje profesional” finaliza Martínez.