¿Retrasos de 11 meses en obras de Transmilenio?: IDU responde
La concejal Diana Diago, denunció que habría un contrato con irregularidades que retrasaría la entrega de 4 estaciones.
Bogotá D.C.
La concejal Diana Diago denunció una serie de irregularidades en el contrato suscrito entre el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y el Consorcio Troncal 4, para la actualización, complementación y construcción de la ampliación de estaciones del sistema Transmilenio.
El contrato, inicialmente avaluado en más de 25.000 millones de pesos, ha tenido dos adiciones, la primera por $7 586 783 265 millones, y la segunda por $6 851 515 129 millones, elevando el valor total del contrato a casi 40.000 millones de pesos.
Ahora, a menos de 15 días de la fecha de entrega prevista de estas estaciones, la concejal Diago ha asegurado que las obras están lejos de completarse, lo que para la concejal, pone en duda la posibilidad de cumplir con los plazos establecidos.
Hablando especialmente de las estaciones de: Socorro y Olaya, ubicadas en la localidad de Rafael Uribe Uribe y La Campiña y Puente Largo en la localidad de Suba.
La investigación liderada por Diago también le pone la lupa a presuntas irregularidades en las modificaciones contractuales, específicamente en las adiciones, que superan el límite del 50% del valor inicial del contrato, establecido por la ley 80 de 1993. Ante esta situación, la concejal ha solicitado la intervención de la Contraloría de Bogotá para examinar a fondo el proceso de contratación.
Le puede interesar:
¿Qué dice el IDU?
Principalmente, aseguran que no es cierto que lleven más de 11 meses de retraso en las estaciones de Transmilenio de: Socorro, Olaya y La Campiña, que llevan un poco más de 7 meses de ejecución de obra; mientras que la estación Puentelargo tiene poco más de 5 meses de ejecución.
La entidad, aclara que la primera adición al contrato, se incorporó a la bolsa de ajustes por cambio de vigencia, es decir, para cubrir el valor de las actualizaciones de los precios de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, la suma de $1 745 825 274 millones y en la segunda adición se incluyeron $3 882 572 322 millones por la misma razón.
Esto ajustándose al Artículo 25, numeral 13 de la Ley 80 de 1993 que dice que: “Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios”. Precisando así que estos valores no entran a computar dentro del cálculo de la restricción de adiciones por más del 50 % del valor del contrato inicial, establecido en la Ley 80 de 1993.
Además, dicen que se realizaron adiciones a las bolsas de ajustes por concepto de acero que corresponden a $17 180 061 y $308 091 848, respectivamente. Pero tampoco se tienen en cuenta para la suma del cálculo del 50 % del valor total del proyecto.