Conexiones ilegales, la problemática que desangra los acueductos de Medellín

Medellín, Antioquia

Las Empresas Públicas de Medellín, entidad encargada de brindar los servicios públicos como energía, gas o agua a los municipios del Área Metropolitana, enfrenta una problemática que, a pesar de que no es nueva, sus impactos se ven magnificados por las condiciones climáticas que conlleva el fenómeno de El Niño a todo el país: las conexiones ilegales a los acueductos que llevan el preciado líquido.

Según datos proporcionados por EPM, en el 2023 se realizaron 40.244 investigaciones de posibles conexiones ilegales, de las cuales se hallaron 5.587 fraudes y anomalías en Medellín. Para los 5 meses transcurridos de este año, la cifra de anomalías halladas representa cerca del 40% que la del año pasado, es decir, EPM ha retirado 2.076 conexiones ilegales y ha encontrado 2.157 viviendas con consumo clandestino de agua.

Sobre las implicaciones sociales y ambientales de las conexiones ilegales al acueducto de EPM, esto explicó Guillermo Sepúlveda, profesor de la Facultad de Ingeniería UdeA experto en servicios públicos: “Yo tengo que tomar como empresa de servicios públicos agua que es una fuente, la tengo que repartir, la tengo que tratar y repartir en la comunidad y si se está perdiendo por alguna razón y en este caso por una intervención de personas que hagan una conexión fraudulenta o clandestina al sistema, digamos que va a acarrear a que yo tenga que tratar y recoger más agua y eso pues va a causar impactos en el ecosistema”.

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Las Empresas Públicas de Medellín indicaron que, para la entidad, este tipo de conexiones tiene dos principales consecuencias: afectación a las fuentes hídricas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del suministro a futuro. Y la disminución en la presión necesaria para que el agua fluya, lo que generan falta del recurso en algunos sectores. Además, señalaron que en las comunas donde más se presentan este tipo de conexiones en la ciudad de Medellín son La Candelaria, Laureles Estadio, El Poblado, Belén, Aranjuez y el Doce de Octubre. Zonas con asentamientos no legalizados también son foco de este tipo de fraudes.

Una de las personas que ha denunciado estas situaciones a Caracol Radio narra cómo se dieron cuenta de esto y quienes estarían detrás de estos mecanismos corruptos de acopio de agua, además pidió que se reservara su identidad y se alterara el tono de su voz por seguridad: “Nos dimos cuenta que había una conexión ilegal y que se estaba lavando carros, no había forma de que el agua nunca dejara de salir, porque como era una conexión ilegal, no tenían ningún tipo de válvula, porque iba directamente a los tubos. Uno pues ya más o menos identifica a los personajes y sabe quién está detrás de ese tema.”

Como indicó la persona, algunas conexiones ilegales utilizadas para lavar automóviles, estarían siendo administradas por grupos al margen de la ley para generar ganancias a costa del despilfarro del preciado líquido.

Uno de los puntos donde más se han reportado conexiones ilegales al acueducto es en el Barrio Antioquia, en la comuna 15 Guayabal, suroccidente de Medellín, las cuales se utilizarían para el lavado clandestino de automóviles. Al ser consultado por Caracol Radio, EPM respondió que Barrio Antioquia es un sector que tradicionalmente ha presentado una problemática social y económica compleja. Informan que la entidad lleva a cabo programas de vinculación de lavaderos clandestinos, pero reconocen que aún se encuentran situaciones que deben ser intervenidas con un efecto de control y corte de aquellos lavaderos no adherentes al programa.

Por el delito de Defraudación de Fluidos, el cual imputa la fiscalía por el despilfarro de agua, han sido capturadas dos personas este año en el área Metropolitana, informó la policía.

Por último, respecto a esta problemática, EPM hizo un llamado a dejar atrás el pensamiento de que ser fraudulento es ser astuto, por las consecuencias que generan las conexiones ilegales al recurso hídrico, que de por sí se ha visto afectado por los fenómenos climáticos, y que pone en riesgo el suministro del preciado líquido a generaciones futuras.