Bogotá, Colombia

La Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, del Consejo de Estado admitió estudiar una demanda contra del Representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Antioquia, Alejandro Toro Ramírez, debido a que, supuestamente, el político habría ejecutado un contrato con el estado durante la ley de garantías.

El investigador del caso, Daniel Salazar, explicó que a través de una corporación llamada Avanti, el hoy congresista, ejecutó un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

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Según quedó evidenciado, en la misma documentación enviada por la corporación, la persona que aparece en el tallerista de los espacios que se debían ejecutar era el señor Toro Ramírez.

En la documentación detallada se demuestra que Toro Ramírez era el representante legal de Avanti, al momento de firma el contrato. Y aunque, el representante a la cámara habría renunciado a la representación legal de la corporación, para lanzarse al congreso, la evidencia demuestra, que, de hecho, el representante Toro fue el que siguió ejecutando el contrato.

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“La Corporación Avanti, representada por el hoy congresista Alejandro Toro, en el año 2021, suscribió un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia en época preelectoral, dicho contrato fue ejecutado por el mismo Toro, que, para poder cobrar el contrato, adjuntó fotos de él dictando las charlas para las cuales fue contratada la corporación. Esta posible inhabilidad nos da pie para seguir pensando que el exalcalde Daniel Quintero Calle utilizó, posiblemente, recursos públicos de Medellín para financiar las campañas de sus aliados”, señaló el señor Daniel Salazar.

La posición de Alejandro Toro

El Representante a la Cámara, Alejandro Toro, señaló que se trata de una persecución por parte de personas cercanas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, debido, según el congresista, a los trabajos de control político adelantado por él. Agrega, que es una respuesta a los derechos de petición y tutelas instauradas por él y su equipo, en contra de la administración distrital.

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