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En Santander hay 2.185 cuerpos en condición de no identificados desde 1980: Medicina Legal

De estos, 131 cuerpos no identificados se encuentran en el Cementerio y Aeropuerto del municipio de Cimitarra.

JEP Cimitarra

JEP Cimitarra

Bucaramanga

Carlos Antonio Murillo, subdirector general de Servicios Forenses de Medicina Legal indicó que en Santander hay 2.185 cuerpos en condición de no identificados, de 1980 a 2024. De estos, 131 cuerpos no identificados corresponden a Cimitarra.

Murillo contó que Medicina Legal intervino el Cementerio municipal de Cimitarra en cuatro fases, en las cuales recuperaron e individualizaron 143 cuerpos que estaban en 75 fosas.

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Resaltó que Santander no cuenta con la infraestructura necesaria para hacer estas investigaciones de forma adecuada y que tampoco cuenta con sitios idóneos para guardar todos los cuerpos, lo que impide avanzar en el proceso de identificación de una manera digna.

En audiencia pública, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, recabó información que permitirá determinar si se prorroga la medida cautelar ordenada en el Cementerio Municipal de Cimitarra y si se deben proteger el predio del aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’ y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, también en Santander, donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

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La diligencia, se llevó a cabo el 12 de marzo, se da en el marco de la decisión adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en 2018, cuando decidió proteger 16 lugares del país, entre ellos: el cementerio Municipal del municipio de Cimitarra, Santander, trámite que lleva la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra.

La decisión fue adoptada por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes cometidos por el Estado (Movice) .

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De acuerdo con la investigación adelantada por la JEP, en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservara su identificación.

Y a pesar de que el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha, aún hay cuerpos sin recuperar en dicho lugar.

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Una situación similar se presenta en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, en Cimitarra.

Según el relato de organizaciones de víctimas, la comunidad, de manera humanitaria, les dio sepultura en este lugar a los cuerpos que bajaban con la corriente del río Carare. Allí, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), identificaron varios puntos de interés forense donde se presume que fueron dispuestos cuerpos sin identificar de víctimas de desaparición forzada.

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En cuanto al predio en el que se encuentra el aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’, ubicado a las afueras del casco urbano, en la vía que conduce de Cimitarra a Puerto Araujo, allí funcionó el Batallón de Artillería No. 5 ‘Capitán José Antonio Galán’, de Socorro (Santander), y del Batallón de Infantería No. 41 ‘Rafael Reyes Prieto’. De acuerdo con información entregada por víctimas y evidencia judicial recopilada por la JEP, en este lugar, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.

El seguimiento a las medidas cautelares tiene como objetivo identificar los riesgos que dificultan la búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos de la región. Por ello, la JEP citó a la Alcaldía de Cimitarra, la Gobernación de Santander, la Defensora Regional del Magdalena Medio, los ministerios del Interior y de Defensa, la Aeronáutica Civil, el Instituto de Medicina Legal, el Grube de la Fiscalía, la UBPD y la Unidad para las Víctimas.

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Cabe destacar que este trámite de medidas cautelares se complementa y es de interés para el Caso 08, que investiga crímenes de la fuerza pública cometidos en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles.

La priorización de la JEP en la investigación de estos hechos constituye una esperanza para las víctimas, especialmente para adultos mayores que por años han exigido al Estado el cumplimiento de sus derechos como víctimas del conflicto arma

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