Retrasos en proyecto del Hospital de Cuarto Nivel generaron una sanción de $100 millones

Pereira

La complejidad del que va a ser el proyecto de mayor envergadura en Risaralda de las últimas décadas sigue presentando problemas, en esta oportunidad se trata de una sanción administrativa de $100 millones de pesos, que recae sobre las finanzas del Hospital de Cuarto Nivel y que obedece a los retrasos en la entrega de los estudios y diseños y el lento avance en la agenda de obras.

De acuerdo con el gerente del proyecto, José Fredy Arias Herrera, “la sacamos barata”, ya que el Ministerio de Salud había solicitado en un comienzo que fueran devueltos los $200.000 millones que había girado en el año 2022 para el inicio de obras, sin embargo y bajo las intervenciones y mesas de trabajo que se han desarrollado este año, se pudo llegar a un acuerdo con una menor cuantía.

El gerente reiteró que la actual administración departamental recibió un proyecto con muchas dificultades, sin cierre financiero y sin estudios y diseños definitivos, lo que sigue retrasando la agenda de obras, sin embargo, actualmente se está construyendo el área administrativa y de consulta externa, esto bajo la inspección del Ministerio, entidad que ha señalado que esta primera fase ha tomado un buen nivel de desarrollo de los trabajos.

Queda entonces pendiente la confirmación del porcentaje actual de ejecución de la primera fase del proyecto y la nueva fecha para el reintegro de los $150.000 millones y próximo desembolso del Gobierno Nacional por valor de $200.000 millones, además de la inversión total que hará el departamento con recursos propios.

Se espera que en tres meses esté viabilizado el proyecto y se cuente con el porcentaje de obra necesario, que es del 60 %, para que el Gobierno Nacional haga la entrega del dinero sobr el que se hizo la devolución y se pacte la nueva fecha para los siguientes desembolsos que cubrirán los $600.000 millones acordador para el Hospital de Alta Complejidad.

Por su parte, la Procuraduría ha venido realizando un procedimiento preventivo en el que cada mes hace una evaluación de los avances de obra en cuanto a la intervención física, como en lo que corresponde a los estudios y diseños del proyecto que beneficiará a más de tres millones de personas de Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.