MinJusticia pide colaboración entre Congreso y Unidad de Víctimas para tramitar proyecto
En el marco de la audiencia sobre los acuerdos de paz, distintas figuras políticas, discutieron los objetivos de este nuevo gobierno respecto a los tratados y a la reparación de las víctimas.
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Representantes a la Cámara, organizaciones de la sociedad civil y ministros de las entidades públicas, como el ministro de justicia Néstor Osuna, hicieron parte la audiencia pública sobre la implementación de los acuerdos de paz con las extintas FARC, realizada en el Congreso de la República.
“Esto es una rendición de cuentas. Hicimos esta misma audiencia hace más de un año, cuando arrancó el gobierno, hoy llevamos 18 meses y estamos recibiendo ese balance”, informa el representante Alirio Uribe Muñoz.
La visibilización de los territorios que aún siguen en conflicto, fue un tema clave durante los discursos expuestos ante el congreso. Armando Wouyuri, líder indígena, expuso la problemática de las comunidades más vulnerables, como lo son las comunidades afro e indígenas. “Nosotros los pueblos originarios, hemos perdido el 66% de nuestro territorio y la comunidad afro, seis millones de personas, sólo tienen seis millones de hectáreas”, manifestó Wouyuri.
Por lo menos son 100 los municipios donde el conflicto armado sigue siendo una de las problemáticas más significativas. Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Catatumbo y Norte de Santander, son los principales objetivos de la implementación de los acuerdos. A pesar de esto, el gobierno ha logrado tres ceses al fuego, tales como la prorrogación del ELN, el EMC de las FARC y los grupos urbanos de Buenaventura. “Esos son buenas noticias para la convivencia nacional”, comunica el ministro de justicia.
El gobierno habría destinado 50.4 billones de pesos para la financiación de los acuerdos. El ministro de justicia y la directora de la Unidad para la Protección de Víctimas, Patricia Tobón, afirmaron que el gobierno del expresidente Duque estuvo ausente en el proceso de paz. “Lograr recuperar la confianza de las comunidades no fue fácil. Desconfiaban porque esto históricamente estaba rezagado, pero es un acuerdo entre las comunidades y el gobierno el cumplir lo propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo”, expone Tobón.
El llamado hecho a los congresistas para llevar a cabo el primer debate del proyecto de ley de víctimas, en la comisión primera de la Cámara, es necesario para una colaboración conjunta entre el Gobierno, el Congreso y el poder judicial, para así, cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto armado en el país.