Metro de Bogotá podría verse afectado por presuntas irregularidades en contrato de la ANI
La Procuraduría alertó sobre un posible impacto en la megaobra, tras abrir investigación en contra del vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Metro de Bogotá, imagen de referencia. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
Este lunes, 11 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en un contrato que firmó con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en el cuál se requería la asesoría para algunos proyectos ferroviarios del país, entre estos, las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá.
Según el Ministerio Público, este contrato, el cual se hizo por 8.375 millones de pesos, impactaría el proyecto del metro de la capital, esto, debido a que “se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar”.
La entidad añadió que, “es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”.
El vicepresidente no es el único en proceso de investigación, pues en esta contratación también están vinculados los gerentes de Proyectos de la misma ANI, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
El órgano investigador señala que puede haber una infracción a la Ley de Contratación, pues los funcionarios entregaron directamente “la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar”.
Además, podría haber una falta de planeación en el contrato, ya que no hay un análisis de justifique el valor pactado entre las entidades. De igual forma “tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”, indicó la Procuraduría.
Este contrato no solo afectaría el Metro de Bogotá, sino que también otros proyectos ferroviarios como el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
