En el Tolima judicializan a ‘Los Robles’
Esta banda es señalada de ejecutar varios robos a través de medios informáticos
Algunos de los integrantes de Los Robles se dedicaban a desviar los dineros robados a otras cuentas bancarias
Ibagué
Por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes y acceso abusivo a un sistema informático, la Fiscalía General de la Nación logró en el Tolima la judicialización de ocho personas señaladas de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada conocido como Los Robles a quienes se les atribuye el hurto de más de $600 millones.
Las personas judicializadas son:
Jairo Alonso Vélez Carmona, líder de la organización.
Yerson Javid Bonilla Trilloz
Mildre María Miranda Blanquicett
Rufino Gómez Alvarado
Briceida de Jesús Ramírez Escorcia
Candelaria del Carmen Benavides Aguas
Jennifer Jiménez Bonilla
César Augusto Estrada Ramírez
Al primero le fue impuesta medida de aseguramiento intramural mientras que al resto de sus compañeros medida de aseguramiento domiciliaria.
César Augusto Estrada integraba el grupo delincuencial
Angela Bedoya, directora de Fiscalías del Tolima relató que la entidad cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la culpabilidad de los procesados que, haciéndose pasar por personal de soporte técnico de una reconocida empresa de mensajería y encomiendas con presencia nacional, engañaban a sus víctimas para ingresar de manera abusiva a sus computadores y así a sus cuentas extrayendo millonarias sumas de dinero que posteriormente eran repartidas en diferentes cuentas a nombre de terceros.
La Fiscalía tiene documentadas ocho noticias criminales las cuales fueron conexadas al identificar el mismo modus operandi entre el año 2017 al año 2022 en El Espinal e Ibagué, Tolima; Pradera, Valle del Cauca; Villa de Leyva, Boyacá; Bogotá y Tena, Cundinamarca y Neiva, Huila.
Cada uno de sus integrantes desempeñaría un rol específico destacándose entre ellos el presunto líder quien sería el encargado de acceder abusivamente al sistema a través de una herramienta de acceso remoto desde donde procedía a crear remitentes con datos inexistentes y se dispersaría el dinero.
Igualmente haría uso de un corresponsal bancario para transferir dinero sin dejar trazabilidad, actividad ampliamente demostrada en los elementos materiales de prueba y evidencia física recaudada por la policía judicial del CTI.
Otros se desempeñarían como ‘pitufos o drops’, encargados de abrir cuentas para recibir el dinero producto del ilícito, actividad en la que se tienen identificadas cerca de 20 personas situadas en su mayoría en la Costa Atlántica.
Ninguno aceptó los cargos enrostrados por el delegado fiscal.
