Preocupación de la ONU por decisiones del régimen de Venezuela en contra de la oposición
El Comité de Derechos Humanos de la entidad hizo un llamado de alerta por las restricciones a la participación democrática de la oposición en el proceso electoral de 2024.
Cierres de la frontera entre Colombia y Venezuela, año 2015. Foto: Colprensa. / Juan Pablo Cohen
El pasado 17 de octubre el Gobierno de Venezuela firmó un pacto con la oposición para garantizar los recursos y medidas necesarias para su participación democrática en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en 2024.
El anuncio generó un ánimo de esperanza y optimismo en el país y en la comunidad internacional. Tanto así que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió flexibilizar temporalmente las sanciones impuestas sobre Venezuela, para comercio de petróleo y gas.
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Ese anuncio fue una inyección de certeza para el mercado, en especial para las empresas con licencias previas en territorio venezolano, así como para la nacional PDVSA.
Sin embargo, luego de que la candidata opositora María Corina Machado ganara las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, el pasado 22 de octubre, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilidad política.
La decisión no solo fue un golpe para la oposición, que borró de un plumazo las certezas del acuerdo de Barbados. También causó incertidumbre en la comunidad internacional.
Estados Unidos anunció que reconsiderará la flexibilización de sanciones sobre el gas y el petróleo venezolanos. La ONU y su comité de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por el golpe a la democracia que representa esta decisión.
Preocupación internacional
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó este viernes 3 de noviembre su “gran preocupación” por las acciones que el régimen de Venezuela ha desplegado para “impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos”.
En el quinto informe periódico sobre Venezuela emitido por el comité, lamentó el hecho de que opositores políticos “han sido ya inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024″.
El informe no menciona nombres concretos, pero se publicó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano suspendiera las elecciones primarias celebradas para designar un candidato de la oposición, ganadas por María Corina Machado.
El comité de Naciones Unidas citó al supremo, pero también al Consejo Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, como instituciones cuyas acciones u omisiones están produciendo “restricciones al espacio democrático”.
Los miembros del comité expresaron asimismo preocupación por la retirada del derecho al voto directo y secreto de pueblos indígenas en Venezuela.
También las denuncias sobre supuestas interferencias deliberadas en las inscripciones en el registro electoral, que han afectado especialmente a jóvenes de entre 18 y 35 años. El informe cubre aspectos de los derechos humanos en Venezuela entre 2015 y 2023.
Si bien expone un descenso del número de protestas contra el Gobierno a partir de 2020, subraya que estas siguen siendo reprimidas por grupos armados, los llamados colectivos, “presuntamente financiados o tolerados por las autoridades”.
El documento añade que las “graves restricciones a la libertad de opinión y expresión” en Venezuela incluyen acoso, intimidación y detención arbitraria de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas considerados del Gobierno.
Independencia cuestionable
La publicación del informe de la ONU se da en un contexto donde sigue habiendo serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial.
Esto, por “los supuestos vínculos de varios jueces y magistrados, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, con los partidos políticos”, según el organismo internacional.
El comité mostró igualmente preocupación por el “persistente uso de la tortura y malos tratos” en centros de detención e investigación por parte de autoridades y grupos estatales no controlados.
Según la ONU, estas acciones se darían “como forma de represalia o castigo para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno”.
También se siguen denunciando casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y otras formas de uso ilícito de la fuerza.
Todos atribuidos a autoridades estatales, fuerzas militares, servicios de inteligencia civil y militar, así como los mencionados colectivos.
Las personas privadas de libertad en el país se encuentran en un sistema penitenciario que sufre un alto índice de hacinamiento.
Muchos de los reclusos y presos políticos dependen de sus familias para tener acceso a alimentos y tratamiento médico durante su cautiverio, expone el informe.
También cita los abusos contra la población indígena y campesina local que se producen en zonas mineras como la cuenca del Orinoco, donde se han denunciado desplazamientos forzados, trata con fines sexuales y trabajo infantil.
El comité de la ONU afirmó además que la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos de la vida pública venezolana.
Denunció la criminalización de activistas y funcionarios públicos por alertar sobre la corrupción, siendo a menudo acusados con falsos cargos como “revelación de información confidencial”.
