Preocupación en el sector energético por poca capacidad para cubrir la demanda hacia 2025

Crecen la preocupación y las dudas en el sector energético colombiano, por los cambios en las políticas púbicas de comercialización de energía en el país.

A los retrasos en la construcción de distintos proyectos de generación y transporte de energía, se suma la incertidumbre comercial.

Empresas como la francesa EDF Renovables han dado a conocer las dificultades para tramitar licencias ambientales. Por esta razón decidieron declinar de su proyecto de participar en la construcción de una planta energética en Girardot, Cundinamarca.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Alcogen), habló en 6AM Hoy por Hoy sobre los retrasos e incertidumbres que amenazan el cumplimiento de la demanda energética del país para los años 2025 y 2026.

“Desde el Gobierno antepasado se empezaron a dar unas señales de política pública para que estas tecnologías, la eólica y la solar, pudieran entrar a Colombia con beneficios fiscales y cambiarios”, comentó la ejecutiva.

Sin embargo, los cambios en políticas públicas y los conflictos con comunidades que tienen relación con la construcción de algunos proyectos, complican el desarrollo de estos.

“Estamos muy preocupados en el panorama general porque los balances de energía en el mediano y largo plazo en el país se están apretando”, agregó Gutiérrez.

Proyectos estancados

La presidenta de Alcogen explicó que su gremio agrupa “el 85% de los proyectos eólicos y solares de todo el país”. Incluido uno ubicado en La Guajira, con el que buscan generar 2.500 megas de energía.

Pero anotó que dichas megas “debían haber entrado desde el año pasado”, lo cual no ha sido posible por los distintos obstáculos del proyecto.

“Desde el día uno, el gremio le dijo a este Gobierno que había problemas, bloqueos y dificultades con las comunidades, a pesar de que se han hecho los procesos de consulta previa y de licenciamiento ambiental, y que definitivamente necesitábamos acompañamiento”, comentó.

Sin embargo, la respuesta por parte del las instituciones estatales no ha sido la esperada, lo que afecta directamente el desarrollo de cada proyecto energético.

“Hoy el panorama es preocupante en la medida en que ya se fue uno de los proyectos más importantes”, comentó Gutiérrez, haciendo referencia al Parque Eólico Windpeshi, de Enel en la Guajira.

“Energía de Portugal tampoco la está pasando bien, está intentando sacar sus proyectos adelante”, añadió.

Durante su conversación, la presidenta Gutiérrez se refirió también al caso del proyecto Colectora, uno de los más sonados en el sector energético del país.

“La línea Colectora que integra esta nueva energía al sistema nacional también tiene sus atrasos”.

Estaba proyectada para terminar de construirse a finales de 2023, pero hasta ahora inician las obras. Aún no es claro si podrá entrar en operación hacia 2026 o 2027.

Licencias ambientales y demanda comercial

Uno de los problemas comentados por Gutiérrez, que dificultan el avance efectivo del país hacia la transición energética, es la tramitación compleja y demorada de las licencias ambientales que otorgan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Los retrasos para robustecer la estructura de producción energética proponen un panorama en el que la oferta energética se quedará corta frente a la demanda.

“Para el 2025 y 2026 el margen de la demanda y oferta de Colombia está en el 1%”. En ese sentido, ninguna planta generadora de energía podría entrar en mantenimiento, pues causaría una caída en la capacidad de generación y abastecimiento.

Sobre la tramitación de licencias con las CAR, la presidenta de Alcogen comentó que “la falta de experticia, de gente técnica y de contar con un respaldo técnico importante hace que en las corporaciones se demoren las licencias, se tomen más tiempo o no entiendan muchas cosas sobre estas”.

Pero, desde su postura, las políticas públicas cambiantes son el principal foco de incertidumbre para el sector. “Lo que más nos preocupa es que se han dado unas señales de política pública en las que se está poniendo en riesgo la confianza inversionista”, concluyó.