La Alcaldía debió quitar las antenas que ponían en riesgo a estudiantes del Alfredo García
Aún con varias jornadas de protesta, fallos judiciales y mucha espera, la empresa Acopajaga no asumió el desmonte de las antenas ubicadas en el techo de la Institución Educativa en Pereira y la situación la debió asumir la Administración Municipal.
Imagen de archivo de la I.E. Alfredo García - Alcaldía de Pereira.
Pereira
El pasado sábado 30 de septiembre terminó la lucha de los estudiantes, docentes, directivos e incluso padres de familia, por proteger la vida de toda la comunidad educativa del colegio Alfredo García ubicado en la carrera 2da. con calle 36 de Pereira.
Las antenas de la Asociación Comunitaria de Antenas Parabólicas José Antonio Galán - Acopajaga, que estaban ubicadas en el techo de la Institución Educativa y que tenían riesgo de colapso según el diagnóstico entregado por la Dirección de Gestión del Riesgo Municipal, y que no permitían que fueran utilizados el coliseo y restaurante del plantel educativo, fueron por fin desmontadas.
“Estamos muy felices como comunidad educativa porque por fin se llega el desmonte de las antenas que llevaban en la cubierta del coliseo más de 30 años y que han generado grandes dificultades y riesgo en especial para todos los niños de la institución. Afortunadamente muchas entidades y la misma comunidad unieron esfuerzos para que esto fuera una realidad, ha habido fallos judiciales a favor de la institución y ya es una realidad, ya podemos recuperar el espacio y los chicos pueden volver a tener ese sitio que aclaman porque es el único que tienen para actividades deportivas y de esparcimiento”, así lo confirmó Janeth Galeano Cardona, rectora del colegio Alfredo García.
De acuerdo con los antecedentes de este caso, se trató de una lucha judicial de más de tres años, sobre la cual la Administración Municipal realizó cuatro notificaciones al representante legal de la empresa propietaria de las antenas para que hiciera el desmonte, ciudadano que ya había incluso amenazado a la rectora de la institución educativa cuando le hizo la solicitud inicial de retirar estos artefactos del lugar, sin embargo, los avisos nunca fueron atendidos, por lo que el Gobierno local debió hacer el procedimiento y asumir los costos del mismo, lo que significó un pago de más de 18 millones de pesos.
