Procuraduría citó a juicio al exalcalde de Chía por irregularidades en alumbrado público

Chía

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la citación a juicio disciplinario del alcalde de Chía (Cundinamarca), Leonardo Donoso Díaz, y del secretario de Obras Públicas, Jorge Wilmar Torres Porras. Este proceso se lleva a cabo debido a presuntas irregularidades detectadas en la licitación pública destinada a la operación, administración, mantenimiento, modernización y expansión del sistema de alumbrado público del municipio, con un valor estimado de más de $14.700 millones de pesos.

El órgano de control ha expresado su preocupación respecto a la participación del mandatario territorial en la actividad precontractual y contractual del proceso licitatorio No. 028 de 2018, señalando posibles desconocimientos de principios clave como economía, planeación, responsabilidad y transparencia, así como el deber de selección objetiva. Estas supuestas faltas disciplinarias podrían estar relacionadas con la falta de garantía, control y verificación de los documentos que preceden a la selección del contratista.

Además, se han formulado cargos por la adjudicación del proceso con presuntas falencias en la determinación de los costos del servicio de alumbrado, y se han detectado irregularidades en el contrato de concesión No. 635 de 2018. Todo ello, según la Procuraduría, parece haber ocurrido sin seguir las reglas establecidas en el pliego de condiciones, generando preocupación sobre la motivación subjetiva en la toma de decisiones.

El órgano de control también ha reprochado la aprobación de documentos precontractuales por parte del alcalde Donoso Díaz y el secretario Torres Porras, específicamente el “Análisis de Sector” y los “Estudios Previos”, los cuales aparentemente contenían irregularidades en cuanto a requisitos financieros y de experiencia, lo que podría haber restringido la concurrencia de otras empresas. La presunta falta de los investigados ha sido calificada como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Como medida preventiva, se ha solicitado a la alcaldía tomar acciones administrativas y judiciales para suspender los actos y negocios jurídicos basados en los documentos precontractuales. Además, se ha ordenado remitir copia de la decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio debido a una posible vulneración de la libre competencia. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia.