Alcalde de Cicuco habría contratado su propio carro para el transporte de su despacho
Los estudios previos del referido contrato, definieron en sus requisitos las características del vehículo del mandatario.
Cartagena
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, denunció presuntos hechos de corrupción en los departamentos de Bolívar y Magdalena.
Esa dependencia recibió una denuncia ciudadana sobre un supuesto favorecimiento a dos contratistas (personas naturales) vinculados con las alcaldías de Talaigua Nuevo y Cicuco en Bolívar y Pijiño del Carmen, Magdalena, que en el periodo comprendido entre 2017 y 2023, les fueron adjudicados directamente más de 70 contratos por un valor de $1.836.226.785
Los contratos se refieren a una gama amplia de actividades como limpieza y retiro de inservibles en caños y ríos, diseño y elaboración de innominados planes de emergencia y contingencia para el municipio, campañas de prevención de desastres, revisión de medidas de seguridad de establecimientos o lugares que involucran aglomeraciones, suministro de insumos para el mantenimiento del banco de maquinaria del municipio y el alquiler de un vehículo para el servicio de transporte del alcalde, entre otras.
Llamó especial atención de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el caso del contrato 003 de 2023 otorgado a uno de estos contratistas por parte de la Alcaldía de Cicuco, cuyo objeto fue el alquiler de un vehículo para el servicio de transporte del alcalde y funcionarios de esa administración municipal por un valor de $92.218.500.
Los denunciantes suministraron material probatorio a la Presidencia donde aseguran que el vehículo que desarrolla el objeto contractual es una camioneta Renaul Alaskan, con placas LJN598, de propiedad de José Nicolás Ramos Pastrana, quien es el mismo alcalde de Cicuco.
“Encontramos que los estudios previos del referido contrato definieron en sus requisitos las características del vehículo de propiedad del alcalde. De resultar cierto, se desconoce el destino de los 92 millones de pesos comprometidos del presupuesto”, aseguró la Secretaría de Transparencia.
Los casos mencionados fueron trasladados a las autoridades competentes y serán objeto de priorización en las sesiones extraordinarias de las comisiones regionales de moralización de Bolívar y Magdalena.