Pereira

Contraloría halló 27 proyectos por más de $137 mil millones en estado crítico en Risaralda

Cerca del 72 % de los proyectos catalogados como críticos en el departamento, pertenecen al sector educación y suman más de $93 mil millones de pesos.

Foto: Gobernación de Risaralda

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En medio de la estrategia de seguimiento y control que está realizando la Contraloría General de la República a los procesos de contratación, destinación de recursos y avance de obras en proyectos sociales de todos los departamentos del país, la entidad encontró que en el territorio risaraldense son 27 los proyectos incluidos en el diagnóstico de elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos.

El vicecontralor, con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, indicó que del total de proyectos ya fueron entregados 10 y hay 17 que continúan en estado crítico, obras que, en su mayoría, corresponden al sector educación, con construcciones o ampliaciones que están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

“Son 17 proyectos lo que continúan activos y sin entregar el diagnóstico, que son equivalentes al 72 % de los proyectos que están bajo categoría crítica. Del total de estos, han sido entregados 10 por un valor de $38 mil millones de pesos y tenemos claro que el sector con mayores recursos comprometidos en proyectos críticos es el de la educación por un valor de $93 mil millones de pesos del total del inventario de $137 mil millones”, puntualizó.

Entre las obras del sector educativo cuyo nivel de ejecución e inversión de recursos encendió las alarma de la Contraloría General de la República, se encuentra el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal sede Pedro José Rivera, obra con más de 10.700 millones de pesos; el Colegio Popular Diocesano, en Dosquebradas; el Labouré, de Santa Rosa de Cabal; La Presentación, en La Virginia; una institución educativa en Dosquebradas y las instituciones educativas Sagrada Familia y Santo Tomás de Aquino, en Apía.

El ente de control hace un llamado a las autoridades territoriales a que le den prioridad a estos proyectos y pidan respuestas a los contratistas para llevar a feliz término las obras y hacer las entregas a las comunidades beneficiarias.

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