Afinia terminará contratos a entidades estatales con mayor mora

La compañía aseguró que estas entidades adeudan $175.000 millones

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Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, trabaja en cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional para prestar a sus usuarios el servicio de manera confiable y eficiente, al tiempo que en un poco más de dos años de operación, ha gestionado inversiones que superan 1 billón de pesos representados en nuevas subestaciones, reemplazo de la antigua red de distribución, normalización de redes en barrios subnormales y usuarios con tarifas comerciales 1 y 2, entre otras importantes inversiones.

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Sin embargo, para avanzar con las inversiones se requiere del pago oportuno de los clientes, ante lo cual, el sector de entidades oficiales adeuda una millonaria suma a la filial del Grupo EPM, que iniciará la terminación de contratos de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica a varias entidades oficiales que no pagan el servicio.

El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, aseguró que la medida obedece a que la mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, un total de 175.000 millones de pesos, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a 159.661 millones de pesos y corresponde al 91% de estos clientes.

Por tanto, le hace un llamado respetuoso a:

• El Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía para que coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios.

• El Congreso de la República para que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo queden incluidos los recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los Clientes Oficiales y, de manera preferente, en sectores de acueducto y saneamiento básico, salud, educación y alumbrado público. Otorgándoles a estos recursos un estatus equivalente o del mismo rango al que da la protección constitucional a estos sectores.

Ante este panorama, Lastra Fuscaldo, solicita también a:

• Los órganos de control, Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que activen los medios que permitan mantener vigilancia estricta a estas entidades en el cumplimiento de las obligaciones de Ley de presupuestar y pagar los servicios públicos a su cargo.

• A la Contaduría General de la Nación para que garantice que se surtan los efectos derivados de los reportes trimestrales al Informe de Operaciones Recíprocas, y semestrales al Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Solo en estos clientes oficiales con mayor morosidad $70.768 millones no han ingresado oportunamente al recaudo de la empresa, pese a la gestión integral personalizada que se ha desarrollado. Los valores adeudados por esta energía han conllevado a la empresa a recurrir a créditos o capitalización para cubrir los pagos ante los agentes del mercado.

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Todas estas entidades están constitucionalmente protegidas por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía; sin embargo, la terminación del contrato del servicio es un mecanismo legal ante los incumplimientos del pago. Lo anterior, debido a la negativa de la cancelación de la deuda o acuerdos, a pesar de los distintos esfuerzos realizados ante los representantes de estas entidades.

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