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Avanzan procesos de reparación colectiva para víctimas en Bolívar

Se expusieron los planes de retorno y reubicaciones adelantadas

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Cartagena

La directora territorial Bolívar y San Andrés de la Unidad para las Víctimas, Marta Luz Salazar Morales, acordó con la Gobernación de Bolívar ajustar y avanzar en los procesos sujetos de reparación colectiva que tiene el Departamento y optimizar la calidad en la atención a las víctimas del conflicto armado.

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Salazar Morales se reunió con el secretario de Víctimas de la Gobernación, Amaury Lora, para articular también estrategias y acciones que garanticen el derecho de las víctimas del conflicto armado en Bolívar y, es especial, monitorear los avances de las acciones que se desarrollan.

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”Conocimos el estado actual sobre el cumplimiento en relación con el plan de atención que desarrolla la Gobernación y por parte de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés socializamos la situación de los sujetos de reparación colectivas del Departamento”, dijo la Directora Territorial de la Unidad.

Agregó que se expusieron los planes de retorno y reubicaciones que se están adelantado y se abordó la problemática con los planes de contingencia, atendiendo la situación de orden público que se está viviendo en los territorios.”La Unidad presentó al equipo de la Secretaría los planes y los objetivos estratégicos que van a acompañar y avanzar en la reparación integral transformadora, con enfoque territorial, étnicos y no étnicos y en clave de la superación de las situaciones de vulnerabilidad y soluciones duraderas”, manifestó Salazar Morales.

Durante la reunión se explicó que la Unidad está haciendo un ejercicio que trata de recoger las recomendaciones que, durante años, ha presentado la Comisión de Seguimiento Legal y Monitoreo de Ley de Víctimas, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contralaría General de la República.

Asimismo se están recogiendo los autos y las sentencias de la Corte Constitucional en los que se plasman recomendaciones para que la política púbica de víctimas se ajuste a la garantía real y material de los derechos y las recomendaciones que, a través de informes, han presentado organizaciones de víctimas y acompañantes de Derechos Humanos.

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