¿Cómo garantizar que la ley de sometimiento sea exitosa?

En Hora20 el análisis a los recientes reparos que llegan desde varios frentes a la ley de sometimiento de bandas criminales. Hablamos de los incentivos para el sometimiento, de la realidad de la violencia, así como una mirada al reciente informe de Naciones Unidas que deja mal parada a Colombia en el tráfico de cocaína. Después el debate sobre el inicio de sesiones ordinarias en el congreso.

Una cascada de críticas ha generado la radicación del proyecto de ley de sometimiento presentado por el gobierno nacional y que tiene como objetivo desmantelar las estructuras criminales de alto impacto a través de su entrega, aceptación de delitos, entrega de bienes e información, así como reparación a las víctimas. No obstante, la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa ha expresado varios reparos, ha dicho que la aprobación de esta ley llevaría al desmantelamiento del Estado de derecho, que es un proceso de paz simulado y que no debería llevar mensaje de urgencia. La procuradora, Margarita Cabello ha dicho que hay micos en temas como la extradición y que se deja de lado a las víctimas. Mientras que centros de estudios como la Corporación Excelencia en la Justicia plantean que un principio de oportunidad en delitos como concierto para delinquir es una especie de indulto.

El gobierno ha dicho que las recomendaciones que hizo tanto la Fiscalía como la Procuraduría en el Consejo de Política Criminal fueron acogidos y que sí hay cambios frente al proyecto original en temas como las víctimas, los bienes con los que se quedan las organizaciones criminales y el principio de oportunidad. Y es que es precisamente en estos temas donde hay más polémica, pues las organizaciones se podrían quedar hasta con 10 mil salarios mínimos de lo que entreguen, tendrían penas entre 6 y 8 años, más cuatro años de penas restaurativas, el principio de oportunidad llevaría al cese de la acción penal y la Fiscalía sería la encargada de adelantar las acciones penales ante los jueces. Sin embargo, estas organizaciones deben cumplir con unas condiciones de sometimiento, además, de estar bajo una caracterización como tener funciones en economías ilícitas, sometimiento a la población civil y tener una estructura jerárquica.

Este debate se da en medio de la publicación del informe de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos el cual da cuenta de un aumento del 35% de cultivos de coca en el mundo.

Para el panel

Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado y experto en asuntos de seguridad, señaló que el proyecto de ley sometimiento es necesario en lo estratégico, pero que sumado a la paz total se queda limitada en víctimas, “no atiende el estándar internacional y es coja porque no tiene estímulos suficientes como lo hay en otras leyes de sometimiento”. También señaló que no se está desmantelando el Estado de derecho, sino que se busca evitar el desgaste del Estado en la lucha contra la criminalidad y disminuir la violencia.

Agregó que para que la ley sea exitosa, se necesita un mayor estímulo de la política en seguridad y defensa nacional en el cual se presione a la organización armada, “el caso de acá es que no hay política en seguridad que es estímulo para que se sometan”.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana, columnista en Portafolio y director del Cerac, la carencia en una política de lucha contra organizaciones criminales y seguridad, que afecte el lavado de activos y el agravamiento del uso de la violencia con imputaciones a los delitos, “en Colombia dicen que es suficiente con concierto para delinquir, para organizaciones no es suficiente con eso y tampoco es suficiente con la estructura que tenemos de persecución penal en la Fiscalía”. También señaló que sin una Fiscalía dispuesta a acoger la ley y negociar con organizaciones y hacer investigaciones y procesos contundente en términos de generación de violencia, “esta ley mal o bien va a fracasar”, afirmó.

Por otro lado, dijo que es clave superar el debate sobre extradición y la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Para Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, esta ley es improvisación total, “hay boquetes para generar incentivos no para dejar narcotráfico, sino para aumentar la capacidad de grupos ilegales en los territorios; hoy lo vemos cuando aumentan masacres, hay desplazamientos por violencia, hay desplazamiento porque se va a cultivar coca porque no hay persecución”. También dice que es inconstitucional el principio de oportunidad para el concierto para delinquir tal como está plasmado en la ley presentada por el gobierno nacional. También expresó que preocupa la poca importancia que tienen las víctimas en la ley de sometimiento, “cuando la ley desconoce la obligación del Estado de investigar violaciones de derechos humanos, hace que una ley no sea exitosa”.

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista, comentó que el análisis que se realice sobre ley de sometimiento pasa por la política antidrogas que es una decisión tomada por el gobierno en cambiarla con un enfoque basado en la sustitución voluntaria y erradicación gradual, “el gobierno intenta entonces transformar la política antidrogas con esas tres premisas y la política sometimiento dedicadas a este negocio con el objetivo de intentar una aproximación basada en evidencia”.

También señaló que no hay incentivos en ley como un poco de zanahoria y un poco de garrote, “el incentivo de la ausencia de política de seguridad, garrote no es solo ley, tiene que aumentar costo a ilegales de permanecer en ilegalidad y eso solo se hace a través de arremetida dura que fue lo que llevo a las Farc a la mesa de negociación”.

Ángela Olaya, socia y cofundadora en Fundación Conflict Responses y politóloga, advirtió que la ley sometimiento tiene elementos que vale la pena resaltar y hay retos en los que se pasa por tecnicismos jurídico, “esta ley le apuesta a entender estructuras de manera diferentes, no leyéndolas como jerárquicas y ahora entendemos que hay distintos tipos de crimen subcontratados, del contexto territorial o bajo el elemento de indicadores de violencia de hoy como desplazamiento, confinamiento que no son que estén afectados porque se propuso la ley, son indicadores que vienen desde antes”.